Podemos hacer algo nuevo. Podemos hacerlo mejor.

estructuraAcaba de ver la luz la primera propuesta de organización y estructura de Podemos, en ese transitar desde un movimiento difuso de desborde con vocación electoral hacia un partido consolidado. O, al menos, esa es la primera impresión que da este borrador. Huelga decir que es un  boceto que, desde su presentación, está abierto a comentarios y enmiendas, y es que, en procesos colaborativos de desarrollo de contenidos, más vale no empezar desde cero, si se quiere llegar a algún puerto.

 

Antes de entrar en el articulado, es de destacar la múltiple referencia que se hace a los requisitos de inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior, cuya rigidez se utiliza, primero, como excusa a la hora de definir elementos asociativos que, en la primera fase de Podemos, eran difusos y que, ahora, se pretenden definir y delimitar mucho más. Además, se hace mención a una necesaria diferencia de ¿estilo? entre el lenguaje que se empleará en el debate político y aquél con el que se formalizarán las modificaciones registrales, al que se define como “más técnico”, algo que, como jurista, no termino de entender.

 

A mi juicio, uno de los elementos más interesantes de la experiencia Podemos era el  instrumentalizar una forma juridica (la de partido), sin pretensión de seguir, en su funcionamiento cotidiano, los preceptos legales que  la regulan. El Derecho no es algo neutro. Los modos de organizarse que se proponen responden, primero, al contexto histórico en el que se redactan las normas y, segundo, a las estructuras y superestructuras consideradas hegemónicas en ese contexto. Si de verdad se quiere ir más allá de lo que hay hasta ahora, la primera máxima que hay que aplicarse es no dejarse condicionar por este tipo de regulaciones jurídicas puesto que, de lo contrario, su capacidad performativa irá preconfigurando la forma asociativa que interesa (para perpetuar el modelo actual).

 

Si Podemos es un instrumento de la gente (que  lo conforma) no debe responder más que a la voluntad de esa gente, a pesar de que, a efectos de poder concurrir a las elecciones, utilice una máscara formal. En definitiva, eso es lo que hacen también partidos como el PP y el PSOE, pero justo en la dirección opuesta. Parten de los criterios legales, pero en la práctica los deforman en el sentido de favorecer los núcleos de poder, el clientelismo y la oligarquía interna.

 

Una vez advertido el riesgo de caer en un absurdo e innecesario rigorismo legalista, pasemos a analizar el articulado de la propuesta.

 

La propuesta  que hoy se ha dado a conocer tiene puntos realmente innovadores, en una buena dirección: facilitar la participación directa, adaptativa al tiempo y a las ganas de cada persona, utilizando para ello las herramientas informáticas de las que ya disponemos, pero sin olvidar otras vías presenciales. En la misma línea, hay un decidido intento por evitar que surjan Reinos de Taifas territoriales,  que desvirtúen el peso equitativo que cada persona (y cada voto) debe tener en una organización de base democrática. Al mismo tiempo, se pretende superar el modelo de barones territoriales que se ha cultivado, por ejemplo, en el PSOE.

 

El riesgo inherente a esta formulación radica en que no se tenga la suficiente sensibilidad como para comprender realidades territoriales específicas, y que la línea política marcada a nivel estatal pase por encima de éstas. A pesar de que en la propuesta se aluda al papel de “traductores” de los círculos, a la hora de adaptar esta línea política a sus territorios, se deja un espacio bastante amplio, difuso, a la interpretación de en qué consiste esa tarea de “traducir”, de cuánta autonomía se dispone.

 

El sustrato de esta participación individual e irreductible es el nuevo concepto de “afiliado” que se propone. Se aprecia un viraje, desde una militancia abierta, abstracta y potencial de todo el mundo (que se materializaba en las votaciones en las primarias), hacia un primer intento de definir un contorno y una identidad a la figura del afiliado. En principio, el no pago de cuotas y la posibilidad de obtener el código informático necesario para participar en las votaciones y otros procesos internos, invita a pensar en que la institución de esta figura del afiliado responde a un requisito legal (por ejemplo, para poder ejercer los derechos relativos establecidos en la Ley de Partidos), así como a un mecanismo de validación de las votaciones (para que no vote más de una vez cada persona, por ejemplo) y otros procesos.

 

Es indiscutible la motivación y la utilidad de esta figura del “afiliado”, pero transforma, irremediablemente, la lógica de desborde que, hasta ahora, se había seguido. Máxime cuando se exige a cada afiliado que comparta el 100% de los principios éticos de Podemos. En este sentido, puede pasar que una persona afirme compartirlos, aunque no lo haga, con el mero objetivo de poder acceder al estatus de afiliado. Pero también, por otra parte, puede ser que haya gente que decida no entrar por no compartirlos todos, con lo que se perdería un activo importante por seguir una lógica de “bloque”, sin reparar en que, puede interesante (y hasta  necesario) contar con el apoyo y la implicación de personas que compartan un 80%. Es ilusorio pensar que todos los votantes que ha tenido Podemos (incluso entre sus participantes) comparten el 100% de ese borrador de principios éticos. Quizás sería más adecuado continuar buscando un máximo de factores comunes, por cada tema que se trabaje, en lugar de fijar ya un bloque de mínimos que dificulte geometrías variables y remezclas políticas.

 

Prosiguiendo con el análisis, hay que hacer una parada obligatoria en el punto 9º, donde se atribuye a todos los miembros de Podemos la facultad de decidir sobre todos los aspectos que afecten a la organización (líneas de acción política, objetivos organizativos, vías de financiación, representación, acciones jurídicas, etc.). Sin embargo, reza textualmente en punto que esa atribución puede ser sustituida por los órganos en los que se delegue, sin determinar (ahí) cómo se produce esa delegación, si es explicita o tácita, diferencia determinante.

 

Los mecanismos de delegación a los que alude ese punto supongo que son los que configuran a los órganos colegiados que se detallan a continuación. Así, como primera valoración que nos sirva para presentar, después, una evaluación más detallada, se puede afirmar que el peso de los cargos representativos es ciertamente elevado, muy cercano al de otros partidos de corte clásico. A pesar de que se establece que “la participación y decisión de todos los miembros de Podemos a través de refrendos será la que garantice en última instancia la acción coherente, coordinada y responsable de la organización” (SIC), no se establece claramente cuál es el mecanismo para convocar esos referéndums, si se pueden activar desde los afiliados o si corresponderá sólo a  los órganos de dirección el convocarlos.

 

Detecto, en general, contradicciones y elementos que no terminan de encajar, sobre todo los referentes a la temporalidad y al papel de los Consejos y la Asamblea General. Se supone que es ésta  la que determina la dirección política y la configuración del resto de los órganos, pero se la relega a aparecer cada 3 años, algo que, en honor a la verdad, es habitual en el común de las organizaciones políticas. El problema es que, en los lapsos de tiempo entre Asambleas, el órgano denominado Consejo Ciudadano, de corte representativo, adquiere amplias facultades de interpretación y adaptación de los mandatos de la Asamblea. Esto, sin contar con mecanismos expresos de desrepresentación, convierte a la relación entre estos “consejeros” y los afiliados en una representación forzosa, institución-vestigio de una política que se pretende renovar.

 

El mismo desajuste temporal sucede a la hora de definir las tareas de un órgano de dirección un tanto extraño: el Consejo de Coordinación, propuesto (osea, definido) por el único Portavoz estatal. Dice la  propuesta que este Consejo realizará la misma tarea de adaptación e interpretación de los mandatos de la Asamblea cuando el Consejo Ciudadano no esté reunido (?), algo que me cuesta entender, ya que, hoy día, no hace falta que 80 personas se junten en una habitación para entenderlas reunidas. Se produce, así, un fenómeno transitivo en el que, durante 3 años, la dirección política que determina una Asamblea General es interpretada y adaptada, sucesivamente, primero por un grupo de 80 personas y, después, por otro de 15 que es propuesto, a su vez, por un único líder (que es lo que representa la figura del Portavoz, aunque se le denomine de esta forma). Todo esto, como he dicho, sin  que haya mecanismos claros de impugnación y desrepresentación o, al menos, sin que se sepa si los referéndums pueden ser activados directamente por la militancia.

 

Lo que sí hay es un mecanismo de revocación de mandato (más bien de remoción de un cargo), que se activa si lo pide un 30% de la militancia. En primer lugar, establecer este criterio del 30% (¡muchísimo!) adivino que será fuente de conflictos, dado lo abstracto y difuso del acceso a la militancia. Esto se puede agravar en función de la diligencia del Consejo Ciudadano a la hora de  validar las altas en el Libro de Registro de los afiliados. Como se ve, pueden surgir conflictos de intereses claros, ya que es también el Consejo Ciudadano el que se encargaría de dinamizar el proceso de revocación. A este respecto, extraña mucho que no sea el Comité de Garantías el que realice esta tarea. Al mismo tiempo, se especifica que esta revocatoria de mandato únicamente puede ser dirigida contra un consejero, por cada vez, con lo que, si se pretende remover a más de uno, o al conjunto, el proceso se hace difícil y costoso. Lo mismo se puede decir respecto al Consejo de  Coordinación, ya que sigue pautas similares.

 

Siguiendo con el Consejo Ciudadano, llama la atención que sea este órgano el que se autorregule, elaborando el reglamento con el que van a funcionar. Es algo parecido a lo que sucede en el Congreso de los Diputados con el Reglamento del Congreso, un modelo, a mi juicio, poco democrático.

 

En general, de las atribuciones que se hacen al Consejo, existen varias que pueden chocar con las potestades que se reconocen, previamente, a la Asamblea General (elaboración de listas, coaliciones con otras fuerzas…) y que, de no refrendarse, serian decisiones exclusivas y poco participadas (lo son, ya de antemano, al ser diseñadas y propuestas exclusivamente por este órgano). De ahí que volvamos a extrañar una regulación detallada de las potestades para activar mecanismos de refrendo, o de proposición desde las bases.

 

Para que no se malinterprete este análisis como un alegato contra la representación, hay que decir que son necesarios órganos dedicados fuertemente a tareas importantes, en las que ni debemos ni podemos estar volcados todo el mundo. Pero la clave está en que estos órganos se encuentren siempre fiscalizados y con obligación de rendir cuentas en cualquier momento, y no a su iniciativa propia, y esto no queda muy claro en la propuesta que estamos tratando.

 

Si pasamos al papel del Portavoz, llama la atención, en primer lugar, que sea uno y que represente en exclusiva a Podemos a nivel político e institucional. En este apartado se es, incluso, más “viejuno” que en los partidos tradicionales, donde conviven múltiples liderazgos. Entiendo que la estrategia de cara a las Europeas era instrumentalizar la figura de Pablo Iglesias, un rostro conocido, para poner a Podemos en el mapa político electoral. Una vez cumplida esta misión, no comprendo que se siga cargando todo el peso comunicativo a gran escala en una persona (presumiblemente Pablo), y que no se encargue el mismo Pablo de ir dando entrada a un elenco variado y coral de portavoces, que materialicen la pluralidad que se pretende albergar en la organización. Volcar todo el mensaje de Podemos en la figura unipersonal del Portavoz tiene riesgos, a parte de la ventaja de explotar lo mediático, y es que se reduce el mensaje a lo que él (o ella) piense, se hacen de sus vulnerabilidades las vulnerabilidades de la propia organización y se convierten sus debates y trifulcas personales en algo que concierte y que subsume a todos, en lugar de lo contrario (un notable que se subsuma en un partido-movimiento).

 

Por otro lado, entiendo que el Portavoz se sienta cómodo con un equipo de confianza (el Consejo de Coordinación), pero vuelve a parecer que el conjunto de la organización, sobre todo cuando se asciende hacia los órganos de representación,  se hace al gusto de una persona, lo que le “ahorra” la labor de “fajarse” en la micropolítica de su propio partido, limitando su papel a los micrófonos y los auditorios, y no al debate “de bajo perfil” en las asambleas de base o en las redes sociales. Se echa de menos algún guiño al “mandar obedeciendo”, algo que sí se atisba, por ejemplo, en la experiencia de Guanyem Barcelona.

 

Redundando en ese Consejo de Coordinación, hay que subrayar que es un órgano que se elige por representantes (Consejo Ciudadano) y a través de la propuesta de otro representante (Portavoz), con lo que la implicación de los afiliados en su composición es nula. Queda ese mecanismo de remoción que, como he explicado anteriormente, deja aún muchos puntos oscuros, sin resolver.

 

Respecto a otros órganos y ámbitos de la propuesta que estamos analizando, mencionar que es llamativa la poca gente que compondría el Comité de  Derechos y Garantías (9 personas y 9 suplentes), y que no comprendo por qué la mitad (¿4,5?) deben ser juristas, ya que cualquier persona podría entender los estatutos y los principios de Podemos sin necesidad de haber estudiado Derecho (y lo dice un jurista). Sí que es de alabar la constitución de un jurado configurado por sorteo (¿pero de cuánta gente?) para los casos de aplicación de las normas disciplinarias. Personalmente, no creo en este tipo de disciplina en el seno de organizaciones sociales, pero al haber definido una estructura en torno a un afiliado definido, con órganos colegiados como los descritos, el aspecto disciplinario le es, en teoría, correlativo.

 

Respecto a los círculos, encontramos en la propuesta que se les reserva prácticamente un papel congregador y agregador de individualidades, ejerciendo de herramientas de extensión territorial y como núcleos de debate, pero sin representar ningún tipo de voto agregado, algo que, personalmente, me parece bien. También creo un acierto que se promocione la conexión p2p entre los círculos, sin necesidad de mediación de los Consejos o del Portavoz. Sin embargo, como he dicho anteriormente, falta por saber qué grado de autonomía tienen a la hora de “traducir” a sus realidades territoriales los mandatos políticos que salgan de la Asamblea.

 

Otro aspecto que creo un paso atrás es la elaboración de un protocolo demasiado exhaustivo para la validación de nuevos círculos, ya que la viralidad en la formación de los hoy existentes ha sido clave para a rápida expansión de Podemos. Además, se corre el riesgo de que no se dé por válidos a círculos eminentemente humorísticos que, aunque no lo parezca, tienen cierta importancia a la hora de crear un tipo de cultura hegemónica inherente a la organización. Sin duda, este control redunda en ese viraje, desde la promoción del desbordamiento, hacia el afianzamiento de una estructura consolidada. Además, se establece que la aprobación definitiva de nuevos círculos corresponde al Consejo Ciudadano, una atribución delicada para ser llevada a cabo por  un órgano representativo, en mi opinión.

 

Por último, en lo referente a la financiación y estado de cuentas, es muy positivo que se tenga completo acceso a las mismas y a cualquier documento relativo a éstas (a excepción de lo que disponga la LOPD). Sin embargo, que su aprobación se confíe, anualmente, a los órganos de representación (Consejo de Coordinación y Consejo Ciudadano), aúna en el Ejecutivo de la organización también el control financiero.

 

En definitiva, se puede calificar esta propuesta de organización como un primer intento de institucionalizar un partido cuya seña de identidad había sido la de incorporar las dinámicas y la naturaleza de los movimientos distribuidos y en red. No quiero entrar a definir como bueno o malo ya que, tanto un extremo (de organización rígida) como otro (flexible) tiene sus pros y sus contras. A lo que sí me comprometo, en los próximos días, es a intentar suplir con otras propuestas y formas de hacer los puntos que en este análisis he señalado como pasos atrás.

 

Que prosiga el debate.

 

 

¿Por qué Podemos?

podemos

 

de @SuNotissima

Sí, ha sido una sorpresa. Prácticamente nadie se esperaba un 7,9% de los sufragios y alcanzar los 5 escaños, pero no era descabellado porque han jugado muy bien cada una de las bazas que tenían.

 

Campaña multi-capa

 

Aquéllos que atribuyen los resultados de Podemos únicamente al efecto mediático de la televisión hacen gala de miras muy cortas. La campaña ha tenido tres pilares fundamentales:

 

Es evidente que el primer factor de éxito -cronológicamente- fue contar con una persona que aparece regularmente en tertulias televisivas. Esto les permitió, en su presentación, superar el ruido que ahoga a las decenas de iniciativas electorales nuevas que han surgido. La figura de Pablo Iglesias ha sido un primer ariete, provocando un aluvión de comentarios, a favor o en contra, que ponían a Podemos en el mapa, que definían su identidad y que delimitaban sus contornos. Fundamental, sí, pero…

 

La estructura diseñada para la fase de replicación ha sido pura metodología DRY/15M. En lugar de estructurarse alrededor de formas burocráticamente jerarquizadas y de conceptos como la militancia de carnet y el registro de afiliados, se dio la posibilidad a cualquier persona de crear un “círculo” en su pueblo, en su barrio o en su ámbito profesional, acompañado de sus respectivos perfiles en redes sociales. Contando con tan pocos recursos económicos y con las elecciones a cuatro meses, ésta es la mejor forma de extenderse por el territorio, de construir red y de darle la capacidad de producir mensaje de una manera coral y descentralizada.

 

Por último, esa red de círculos han conformado la infraestructura humana necesaria para abarcar también la capa física del boca a boca, la pegada de carteles, la organización de las reuniones y los mitines presenciales, sobre todo en entornos diferentes a los de las ciudades, donde es más difícil llegar.

 

Notables y Movimiento

 

El resultado ha sido una forma híbrida entre las caras más conocidas, que asumieron la estrategia y el tirón mediático en un primer momento, y la política distribuida de movimiento, que le han dado cuerpo y potencia.

 

Es fácil concluir que el mando se centraliza en pocas manos y cabezas, pero también es equivocado, porque los círculos han actuado y actúan como contrapeso del grupo motor. La campaña de Podemos ha estado también llena de tensiones entre estas dos dimensiones, donde las bases han fiscalizado y criticado -de manera positiva- errores estratégicos como la reunión con Izquierda Unida o el “affaire Verstrynge”.

 

La jerarquía en Podemos no se ha construido en función de un sistema burocrático de delegados y de representación territorial, como sucede en los partidos old school, sino con base en la influencia. No es horizontal, de ninguna manera, pero sí es dinámico, cambiante, ya que la influencia se mide, se gana o se pierde en tiempo real, y una metedura de pata de los que asumen más poder se castiga, inmediatamente, con una desposesión del mismo.

 

Se podría decir que Podemos ha combinado la estructura en red del ecosistema #15M con figuras públicamente reconocidas, en un experimento que, hasta ahora, no habíamos vivido (quizás con la excepción de la PAH cuando Ada Colau adquirió mucha relevancia pública).

 

La Tele y la Red

 

Han surgido, de inmediato, muchas voces que atribuyen el éxito a la televisión. Lo sorprendente es que las hay desde sectores “tecnopolíticos”, no sólo desde los tradicionales críticos con el papel de Internet en los cambios políticos y sociales. Al respecto, me gustaría incidir en dos cosas:

 

La primera es que me parece reduccionista olvidar que la expansión y -sobre todo- la interconexión de los círculos ha sido gracias a las redes sociales. Que la financiación mediante micromecenazgo no se podría haber articulado tan bien fuera de Internet. Que los memes que han ido circulando durante meses (y cuya producción ha sido, en gran medida, anónima y descentralizada) han contribuido poderosamente en la creación de una narrativa alegre, optimista y contagiosa. Que #Podemos25M coronó la lista de Trending Topics de Twitter durante todo el día y la noche electoral. Que, en definitiva, no hubiese sido posible dar un poder de comunicación masivo a los círculos sin su presencia, por centenares, en la Red, haciendo que la comunicación en Podemos no sea la típica líneal emisor-mensaje-receptor, sino una comunicación coral, colectiva y distribuida.

 

La segunda es que sigo sin entender la argumentación maniqueísta “o la red o la tele”, del mismo modo que no entiendo que se tenga que elegir entre la red y la calle. Lo potente es abarcarlo todo y saber construir los canales que permitan flujos de comunicación entre todas las capas y todas las herramientas. Sin duda, no renunciar a ninguna de ellas ha sido clave en los resultados de Podemos.

 

Lo difícil viene ahora

 

Una campaña es, sobre todo, producción narrativa a nivel masivo. Es organización enfocada y dirigida al acontecimiento: las elecciones. Esto permite agrupar esfuerzos en torno a un objetivo concreto, palpable y compartido: sacar el máximo de escaños. Pero una vez terminada la campaña, ahora se presentan mutitud de retos y tareas, empezando por las cuestiones fundamentales de la humanidad: quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos.

 

Darle respuesta y sentido a estas preguntas es complicado desde una organización que combina, como ya he dicho, elementos de aparato y de desbordamiento, donde no existe una mentalidad estatutaria y de militancia fuerte. Encontrar el equilibrio entre las múltiples capas que componen Podemos es tan difícil como terminar de sepultar al bipartidismo. Combatir los egos, agilizar las comunicaciones, tener paciencia en los debates internos, no olvidar los objetivos comunes…, todos esos factores deben estar siempre presentes en cada paso que se de, para que el experimento no muera de éxito con la causa de muerte más común en estas nuevas formas de acción política: la escalabilidad.

 

Podemos, a pesar de sus liderazgos, tiene el ADN de la política en código abierto y, por tanto, su naturaleza es la recombinación y la remezcla, la mutación continua y en tiempo real y la potencia del desbordamiento. Existe el peligro de la “cosificación”, de que se desarrolle un sentimiento de propiedad de la gente hacia la cosa y de la cosa sobre la gente, que en la construcción de identidad ésta se haga rígida y, por tanto, no recombinable con otros elementos del entorno.

 

De cara a próximos comicios, no hay que olvidar que aún hay una inmensa mayoría de personas que nadan en la abstención, que muchos sufragios a Podemos son críticos y volátiles y que las elecciones municipales se rigen por otras lógicas distintas a las europeas o a las generales.

Generosidad, humildad, trabajo, ilusión e inteligencia colectiva, para seguir pudiendo.

Carta de Juan Moreno Yagüe al fondo de vuestras conciencias

conciencia

Este texto está extraído del muro de FB de @Hackbogado:

Esto no va a abrir telediarios. Ni tendrá portadas. Es más, no lo va a escuchar en ningún sitio, salvo por la red. 

Pero esto es más real que los ojos que lo leen.

(En Grecia) Se aliaron dos partidos políticos en una “gran coalición” para salvar el país. 

Y en realidad era mentira. No salvaron nada. 

Y ahora, vendrán a prometernos lo mismo. Y todo el juego se basa en mentiras. 

¿Y saben quiénes son los más mentirosos de todos?

Ustedes. Ustedes mismos. Ustedes se están engañando. Todo el tiempo. Un “no, no puede ser, lo arreglaran…”, les recorre el cerebro todo el tiempo. Y ellos lo saben. Y cuando vengan, les dirán que sólo ellos pueden. Que sólo ellos. Que no se les ocurra hacer nada “raro”, ni siquiera pensarlo. 

Ustedes mismos se mienten. Una y otra vez. Se dicen … “no, no valdría la pena, es perder el tiempo, eso sería imposible…”

Y hacen un esfuerzo tremendo para no creer. Para no creer que es posible. 

Y si, es posible. Y lo saben, pero prefieren mentirse. Por ahora están más cómodos sin hacer nada. Y prefieren seguir así, esperando, “a ver si ellos lo resuelven”. Que seguro, por favor, cómo no se va arreglar, piensan para si mismos. 

Pero no. Así no se arregla nada.

Hay una pequeña vocecita, en lo más profundo de sus cerebros que se lo dice. No le hacen caso, pero está ahí. Saben perfectamente de qué les hablo. Esa voz que reclama un basta ya de tantas injusticias. Un basta ya de tanto robo. Un basta ya de que siempre seamos los mismos. 

Es una voz muy bajita. Casi todo el tiempo está ahí, controlada. Sin molestar. Pero no se apaga nunca. No para nunca. Intentan silenciarla. Ustedes mismos intentan no creer en ella aunque, en el fondo, saben que eso que está en lo más profundo, eso que son ustedes mismos cuando están pensado solos, sin nadie que les moleste, eso, exactamente eso, son ustedes; y que es más verdad que todo lo demás. Que tiene razón. Que esa pequeña voz les esta diciendo algo incómodo, pero que es verdad. 

En Grecia tuvieron la oportunidad. Por dos veces. Y sus ciudadanos pensaron lo mismo:

-¡Anda ya! ¿cómo vamos a dejar de votar a los partidos tradicionales y vamos a elegir a unos desconocidos que no tienen experiencia? ¿cómo vamos a arriesgarnos a eso? No, hombre, no, seguro que estos lo arreglan, no van a dejar que todo se vaya al garete, por favor, ¿cómo va a suceder eso?…

Y en vez de apostar por quien con todas su fuerzas, toda su fe, toda su verdad y valentía les dijo que sabía cómo salvarles del desastre, cómo romper la maldición, prefirieron no cambiar. Aquéllo de “más vale malo conocido …”.

Y volvieron a poner al frente a los que los habían llevado al desastre. Siempre eran los mismos. Y los volvieron a poner al frente. 

Pues bien, hoy se están dando cuenta de que se equivocaron. Cualquiera se puede equivocar, y más los pueblos. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Si. Todos.

El problema es si todos podemos pagar el precio que a veces supone equivocarse. 

Y la respuesta es no. No podemos.

Miren y espántense:

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/10/agencias/1394477574_636984.html

Por favor, no se equivoquen. No hagan caso a su conformismo. Háganle caso a su instinto. En mayo, no se equivoquen. No repitan. Voten a quien jamás hayan votado antes. Sigan esa regla. Y sigan sus instintos. No voten a los mismos. No les sacaran del infierno. Sálvense ustedes mismos, antes de que sea demasiado tarde. 

Por favor.

La sociedad en movimiento

concentración del movimiento 15M en la Plaza de la Encarnación, Sevilla. Foto Flick: Ale Arillo

concentración del movimiento 15M en la Plaza de la Encarnación, Sevilla. Foto Flick: Ale Arillo

Me gustaría despedir el año haciendo una reflexión personal. Un año en el que #LaMafia ha contraatacado, tras el terremoto popular de las plazas y las redes, y nos ha dejado la cara colorada a base de B.O.E.fetones.

Y es que este 2013 ha estado especialmente caracterizado por atropellos en forma de leyes y decretos, de indultos, de multas o de tarifazos. Y no sé si es mi sola impresión, pero percibo cierto agotamiento en “la resistencia”. Lógico, por otra parte, porque resistir cansa. Mucho.

¿Qué ha pasado para que concentraciones como la de la foto se vean ya con nostalgia? ¿Por qué es cada vez más difícil movilizar a la gente? Son necesarias más preguntas para poder responder a estas cuestiones.

¿Qué teclas se tocaron para que se movilizasen? ¿Qué sensación queda de lo que se ha hecho o conseguido? ¿Por qué se movilizaban? ¿Cuáles son los costes de esa movilización y cuáles los factores que erosionan una posición activa, activista, sostenida? Lamentablemente, aquí no funciona el 2+2=4. La relación entre el maltrato al que nos someten desde el Poder y la reacción en contra no es una regla de tres directa. Ojalá pudiera serlo…

Hace no mucho, Mayo Fuster publicaba en eldiario.es un interesante artículo que trataba sobre la Ley de Potencias. En él se intentaba dar sentido a esa máxima que indica que sólo un 10% de las personas integrantes de una red son las que se movilizan. Pero quizás es más apropiado, para analizar lo que sucedió en 2011, para responder a tantas preguntas, retrotraerse un paso antes, cuando la red no está aún formada, cuando se encuentra en plena construcción.

En este sentido, mi memoria, alterada por el paso del tiempo o no, me lleva a los primeros meses de vida de Democracia Real Ya. Y paseando desde ese Febrero de 2011, a través de estos casi 3 años, hay un concepto que considero central en el éxito de lo que fue y en lo que pueda estar por llegar: el desbordamiento.

DRY fue un sujeto colectivo consciente y continuamente desbordado en sus inicios. Cierto es que se daban las condiciones de una oportunidad política para lanzar un órdago así. No cabe duda de que movimientos y agentes políticos y sociales ya instituidos arrastraban un inmovilismo, o una trayectoria errática, que dejaba espacio para una nueva experiencia. Pero fueron las características propias de DRY las que propiciaron que, en apenas tres meses de preparación, se creasen más de 60 nodos locales, una red estatal con lazos en otros países, un manifiesto y unas reivindicaciones comunes, espacios de encuentro y grupos de trabajo, online y offline,  y que todo se condensase en una jornada de manifestaciones masivas, que pilló por sorpresa a propios y extraños, a medios, a partidos o a la policía.

Como decía, DRY vivía en continuo desbordamiento. Eso se debía a que cualquier persona que se reconociese en el manifiesto, en los objetivos o en la propia idea de una Democracia Real, pudiera ser parte, pudiera ser él o ella, pudiera tomar todo lo que ya estaba elaborado, reelaborarlo y devolverlo al común, impregnado de su propia aportación. Eso pasó, por ejemplo, con todos los virales que se lanzaron antes del 15 de Mayo. La mayoría, eran realizados por personas que quizás no pertenecían a un nodo local, o que no estaban en el grupo de coordinación. Gente que, simplemente, quería poner su granito de arena. Imagínense si nos hubiéramos puesto nerviosos porque había personas “utilizando nuestra marca” sin nuestro permiso, sin nuestro control. Pues sí que nos poníamos nerviosos, a veces, al no poder contrastar de dónde venían o quiénes eran los que habían creado tal o cual perfil en FB o Twitter… hasta que comprendimos que ese desbordamiento, ese ser sin ser de nadie, era la clave del éxito.

Cuando parecía que habíamos llegado a nuestro tope, ese 15 de Mayo, pasó lo que nadie esperaba (o sí, pero pocos…), otro desbordamiento: plazas abarrotadas de gente, de comunes y corrientes. ¿Eran DRY? ¿no eran DRY? ¿Qué y quiénes eran? Estas preguntas, por las experiencias que me han llegado y por la propia que viví, se dieron en muchas acampadas, hasta que se empezó a interiorizar este nuevo desbordamiento, aparejado a una nueva identidad, libre y colectiva, el sujeto 15M. Los desbordamientos propician algo muy interesante: permiten que sea real, aún por un periodo de tiempo no muy extenso, que no existan líderes, que no se reifiquen las experiencias, que no se burocraticen las dinámicas, que no se desarrollen sentimientos de propiedad hacia la cosa, ni de la cosa hacia uno mismo. Pero si esa cadena de desbordamientos se detiene, inevitablemente acabamos por instituir la cosa, por dotarla de una identidad, de unos símbolos, de un lenguaje…, que van más allá de los propios objetivos, del “meme” designificado, con esa propiedad de poder ser aprehendido, modificado y devuelto al común por cualquiera.

Hay puntos fuertes en ese proceso, por supuesto. La especialización, encontrar a las personas con las que mejor trabajas en lo que mejor trabajas, organización, perfeccionamiento de las metodologías, etc. La cuestión es si, aparejado a este proceso de institución, no va también un proceso paralelo de marginalización (en el sentido de poner márgenes, de acotar, de seleccionar a una parte del todo) y de profesionalización. A su vez, esta marginalización y profesionalización llevan a que unas personas -o grupos- asuman más tareas, se hagan reconocidas o reconocibles, delegándose en ellas la iniciativa y el peso de las mismas. Nos lleva, al final, a una suerte de representación por delegación. Se ha construido la red, sí, y ahora empieza a funcionar la Ley de Potencias.

Pero sucede otra cosa perniciosa, perjudicial. Al tratarse de activismo, de una actividad política por definición no remunerada (y esto no es un alegato para que se remunere, sino una constatación de la realidad), es insostenible a la larga. Además, la profesionalización, las largas horas dedicadas a-y-en un grupo más o menos homogéneo, favorecen un distanciamiento del resto de la sociedad. En el activismo nos “contaminamos” de nosotr@s mism@s y transferimos esa contaminación, aún sin quererlo, al sujeto o experiencia colectiva.

Como pueden ver, este proceso es completamente el opuesto a lo que sucede cuando existe y se promueve el desbordamiento, ya que, cuanta más gente se decida a participar, menos riesgo hay de anquilosamiento. Se combate o se compensa la subjetivación con-y-por la multisubjetividad.

Llegados a este punto, como persona a la que le preocupa el mañana, me pregunto en el hoy cómo se pueden relanzar experiencias, en el campo que sea, donde se puedan producir nuevas oleadas de desbordamientos y, no menos importante, cómo poder mantenerlos en el tiempo, sin que nuestra propia inercia de prácticas políticas y culturales nos lleven a marginalizarlas. Lo que pretendo, en el fondo, con estas reflexiones, es que se desborden las respuestas.

Feliz y combativo año nuevo,

@SuNotissima

Democracia es derecho a decidir

derdec

 

 

Está teniendo gran repercusión en los debates políticos que acaecen en las redes sociales un artículo de opinión de Javier Cercás, en El País, titulado “Democracia y derecho a decidir”. Ya desde el título, el autor está demarcando una frontera discursiva entre los dos conceptos, avanzando la que será su tesis, perfectamente resumida en el último párrafo, donde sentencia:

…se puede ser demócrata y estar a favor de la independencia, pero no se puede ser demócrata y estar a favor del derecho a decidir, porque el derecho a decidir no es más que una argucia conceptual, un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría.”

Para que uno no se lleve las manos a la cabeza al terminar de leer esa última frase, Cercás desarrolla una serie de argumentos. Primero centra su ataque contra lo que él llama un “derecho fantasmal”, el derecho a decidir, pero lo hace reduciendo sucintamente ese derecho al terreno de la autodeterminación nacional, en concreto, a la catalana.

Habría que explicarle al señor Cercás que el derecho a decidir es más amplio que el mero hecho de votar sobre unidad o independencia. Supone la capacidad de los ciudadanos para “participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”. Algo tan importante que corresponde a los Poderes Públicos “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y si el señor Cercás insiste en que “no ha sido argumentado (…) por ningún teórico, ni reconocido en ningún ordenamiento jurídico”, baste decirle que yo acabo de citar, entrecomillados, fragmentos de los artículos 23 y 9 de la Constitución.

 Pretende, en definitiva, deslindar la capacidad de decidir de los atributos reconocidos y reconocibles en un Estado democrático. Para ello enumera una serie de conductas reguladas por ley, intentando hacer ver que no tenemos, como ciudadanos, la potestad de no cumplirlas, de decidir un comportamiento diferente.

Yo no tengo derecho a decidir si me paro ante un semáforo en rojo o no: tengo que pararme. Yo no tengo derecho a decidir si pago impuestos o no: tengo que pagarlos.”

Este intento de analogía es directamente una barbaridad, ya que establece en un mismo plano conductas y preceptos legales de naturaleza y categorías completamente diferentes. Si nos paramos ante un semáforo en rojo o pagamos impuestos es porque existen unas normas que así lo prescriben, pero esas normas, como todas, son susceptibles de ser modificadas si existe una voluntad popular que así lo disponga. Ahí es donde se enfoca la capacidad o derecho a decidir, en la proposición, elaboración y adopción mayoritaria de unas normas de convivencia. Hacer una reducción al absurdo, como la anterior, no es más que una argucia retórica que raya la demagogia.

Pero Cercás se ratifica en su postura al afirmar que “la democracia consiste en decidir dentro de la ley”, como si ésta fuera una institución ya dada e incuestionable. Ese razonamiento deslinda la potestad legislativa, el acto mismo de legislar, de la voluntad individual y agregada de la población (que sólo puede decidir dentro de lo aprobado por la ley, sin cuestionarla). No en vano, al referirse a las posibilidades de decisión, las reduce conscientemente al derecho del sufragio, a decidir (más bien elegir) en “las elecciones municipales, autonómicos o estatales”.

El problema de esta concepción de la democracia es que reserva las decisiones importantes a los cargos electos, olvidando, o no dándole importancia, a la posibilidad (que en nuestros días es un hecho) de que estos se desliguen de la voluntad política de aquéllos que los eligen. Como consecuencia, tenemos un sistema de partidos en el que el programa electoral no pasa de ser un catálogo de buenas intenciones (o de intenciones comerciales) que ningún partido está obligado a cumplir. Algo que, como le sucede a Cercás, parece que está perfectamente interiorizado y normalizado.

Nos encontramos, la gente, la ciudadanía, la población, en un marco jurídico que está muy lejos de nuestras manos, que no podemos decidir más que mediante la intermediación de grandes núcleos de poder e intereses y de donde no nos debemos salir a la hora de proponer iniciativas políticas. Debemos pensar y actuar conforme a esa ley que nos cae del cielo y el mero hecho de proponer una revisión de la misma y de permitir la participación ciudadana en las decisiones es, en palabras de Cercás, “un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría”.

En definitiva, la visión del articulista peca de rigorismo legalista, pretendiendo una aplicación y acatamiento tautológicos del Derecho, es decir, aceptarlo y cumplirlo porque es ley, sin entrar a valorar cómo se ha elaborado, cuándo, por quién, en representación de quién y por qué. Quizás él no lo sepa, pero la interpretación de las normas es un tema harto complejo, para el que el artículo 3 del Código Civil enumera unos criterios que pretenden, precisamente, que no se hagan juicios de valor tan simplones como el de este artículo.

De la Iniciativa a la Acción Legislativa Popular

 

En Economía, se llaman barreras de entrada a los obstáculos con los que se encuentra una empresa para entrar en un mercado. Estos límites reflejan el nivel de competitividad y, si son muchos o muy fuertes, generan la existencia de monopolios.

Las barreras de entrada pueden ser naturales (como el elevado coste de extracción de un combustible fósil, tan sólo al alcance de grandes empresas) o artificiales (como las patentes). Es común que se den ambas, sobre todo que, a raíz de una barrera natural, aquélla entidad que inicia una explotación vaya estableciendo otras barreras para que las demás no puedan llegar nunca a ser competidoras. Jugaría esta empresa con un poder de mercado que le permite estar siempre en ventaja, diseñando las reglas y condiciones de ese juego, desde arriba.

Algo similar pasa en el diseño institucional de la participación ciudadana en política. A raíz de una barrera natural, la imposibilidad de introducir en un parlamento a millones de personas, se establece un monopolio de la acción política en manos de entes llamados partidos, que la ejercen mediante representación y que, una vez dentro del juego, reforman la legislación para mantener esa posición de poder.

Aunque de manera formal, en nuestro ordenamiento jurídico se establecen vías de participación directa de la ciudadanía en política, sobre todo en la Constitución, pese a que su posterior desarrollo legislativo prácticamente las inutiliza, estableciendo insalvables barreras. Es el caso del referendum, congelado desde la reforma efectuada para neutralizar el llamado Plan Ibarretxe. También sucede con el derecho fundamental a ser elegido, obstaculizado por barreras como los avales que se exigen a partidos o listas de electores de nueva creación. Por supuesto, esto también ocurre con las Iniciativas Legislativas Populares, muy de actualidad por la reciente presentación de la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, a pesar de haber recabado la friolera de un millón y medio de firmas, ha sido vilipendiada y denostada por el partido en el gobierno.

Las Iniciativas Legislativas Populares no sólo tienen como barreras de entrada las firmas (500.000 para ser admitidas a estudio por la Comisión Parlamentaria correspondiente), además, se limitan las materias sobre las que pueden versar, de las que se descuentan prácticamente las más importantes, al mismo tiempo que se establece la votación parlamentaria como último escollo para su aprobación y puesta en práctica. En resumidas cuentas, una ILP no puede ser aprobada si no cuenta con el beneplácito del partido o los partidos en el gobierno, aunque recoja millones de firmas y un respaldo popular ostensible y mayoritario.

Esa barrera física, natural, a la que hacía referencia antes y que motivó la proliferación de las llamadas democracias representativas, ya no existe. El desarrollo tecnológico permitiría sin problemas la participación directa de todas las personas, tanto en la vertiente propositiva de leyes como en su aprobación directa, haciendo real el enunciado del artículo 1.2 de la Constitución, que consagra al pueblo como titular único y último de la Soberanía Nacional , de la que emanan los Poderes del Estado.

Pero el monopolio que han configurado los partidos se sigue perpetuando e imponiendo, a través de las sucesivas barreras a la entrada, al efectivo ejercicio por parte del pueblo de esa Soberanía. Baste decir que las dos leyes fundamentales en el proceso electoral, la Ley de Partidos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, han sido reformadas una veintena de veces desde su creación, rara vez para facilitar la participación.

El monopolio de la acción política institucional ha provocado una anomalía irritante de la lógica jurídica de la representación. En derecho, el mandato (también el político) se compone de dos partes: el mandante, que encarga un trabajo o servicio al mandatario, que debe realizarlo en los términos previstos en el contrato por el que se vinculan. Cuando en televisión escuchamos hablar de tal o cual mandatario, tenemos la sensación de que es una persona con poder, que manda, pero ese error es consecuencia de este monopolio, no de su configuración jurídica. Los mandatarios (cargos electos) deben someterse a los mandantes (electores) en los términos del contrato por el que se vinculan (legislación más programa electoral).

Pero el mandato representativo ha dejado de tener el sentido por el que se creó. Ha pasado a ser la excusa formal para el ejercicio del poder y la supremacía de aquéllos que detentan la Soberanía en beneficio propio, ignorando las obligaciones del contrato que asumen como representantes de los ciudadanos de un estado.

De poco sirven maniobras de cara a la galería como la admisión a trámite parlamentario de la mencionada ILP de la PAH, o la ocurrencia del Escaño 110 en Andalucía si, al final, la última palabra sigue correspondiendo al monopolio partidista.

En contrapartida, como solución a esta patología democrática, debemos exigir la reforma de las Iniciativas Legislativas Populares, en el marco del necesario nuevo proceso constituyente, para que no supongan sólo la iniciativa, sino que puedan llegar a ser verdaderas Acciones Legislativas.

No es descabellado idear un sistema mediante el cual las personas puedan colaborar en red en la redacción de textos legales y que, en función de un método de corrección y votación universal, estas propuestas puedan ser aprobadas y puestas en marcha sin el preceptivo visto bueno de los monopolistas.

La revolución en las comunicaciones ya permite tanto la redacción como la aprobación de leyes, haciendo desaparecer las originarias barreras de entrada naturales al ejercicio de la acción política directa, desintermediada. Sería además ridículo argumentar que es necesaria una especial cualificación, sólo personificada en los diputados y en los partidos, habida cuenta de que ninguna de las leyes que vienen aprobando en los últimos años está dando los resultados prometidos. Es más, los proyectos de ley que se elaboran y aprueban en el monopolio legislativo actual distan mucho de tener el análisis, el estudio o el rigor científico debido, que se podría y debería alcanzar desde y por la colaboración directa de toda la sociedad.

Más participación es más democracia. Sí se puede, pero no quieren.

Progresistas y conservadores

Viñeta de Mingote

Viñeta de Mingote

Progresismo y conservadurismo son dos términos, utilizados y reconocidos ampliamente en la retórica política, cuyo significado se ha deformado, casi oxidado, con el transcurso del tiempo. Al igual que ha sucedido con otros conceptos, superados por los cambios históricos, han dejado quizás de significar aquello para lo que fueron nombrados.

Dice la Wikipedia que el primero en utilizar el término conservador en el vocabulario político fue Chateaubriand en 1819 para referirse a quienes se oponían a la ideas antecedentes y resultantes de la Revolución francesa o, más en general, a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración”. En ese contexto, lo conservador cobraba sentido en tanto configuraba una oposición al cambio, al progreso, al avance.

Ese progreso o avance, continuando en la gramática política, se ha referido históricamente a la incorporación de derechos políticos, sociales o civiles a la persona. De ahí su relación estrecha con las categorías ideológicas llamadas de izquierda. Por contraposición, el conservadurismos es la etiqueta a la que se suele adscribir un pensamiento de derechas.

 

Hasta aquí todo claro, parece. Y digo parece porque el paso del tiempo, los cambios sociales, pueden dejar en fuera de juego al lenguaje o, mejor dicho, a las personas que pretenden, de alguna manera, obviar que el lenguaje construye y soporta la realidad y que, por lo tanto, cambia con ésta.

La política consiste, en parte, en dirimir la titularidad y el ejercicio del poder. En este sentido, se observa un avance relativo, discontinuo, hacia una universalización del mismo. Si bien es cierto que, puntualmente, la democratización ha sufrido de involuciones (en la edad Media, en el Antiguo Régimen o en la época actual), a cada revolución, a cada cambio cualitativo -en Política, Sociedad, Economía y Cultura- le ha correspondido una mayor distribución del poder (sufragio censitario, sufragio universal masculino, sufragio universal, por ejemplo), normalmente acompañada de un aumento de derechos y garantías.

Considerando esta “evolución”, lo progresista consistiría en la aspiración continua a una democratización radical, a una distribución del poder al máximo, reduciendo en la medida de lo posible la intermediación y la formación de núcleos de concentración del mismo.

Las constituciones y declaraciones de derechos vigentes en la actualidad pretenden enunciar el grado máximo de Democracia. Así lo hace la española de 1978, en su artículo 1.2, cuando declara que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Parece difícil superar esta frase y definir lingüísticamente la aspiración democrática de una manera mejor, más ambiciosa. Sin embargo, y sobre todo tratándose de(l) poder, la promulgación de este tipo de textos constitucionales pecaba de tramposa, consciente y alevosamente tramposa.

Siguiendo con el supuesto español, cuando en 1978 se redacta y vota nuestra Constitución, resulta inviable materializar esa distribución de la soberanía entre todas y cada una de las personas que componen “el pueblo español”. Como en textos y gobiernos análogos, la soberanía se ejerce por representación. No era viable introducir a millones de personas a debatir, legislar y votar en una habitación, por muy parlamento que fuera, ni era practicable comunicativamente un gobierno distribuído a distancia. Por imperativo físico, había que fijar un sistema representativo que superase estas limitaciones espacio-temporales.

Pero, de repente, surge, se universaliza y se desarrolla Internet, haciendo posible lo que antes parecía una utopía. Como sucede con otros campos como la formación, el cine o la música, la red hace la intermediación opcional, no forzosa, en la actividad política. Se convierte en posible, por ejemplo, la elaboración colaborativa de leyes y la votación directa de las mismas por parte de la población. (Al respecto, LLQQ y Democracia 4.0).

En el progreso hacia una utópica democracia total, podemos decir que se desbloquea el siguiente nivel, se puede dar un paso más, con una particularidad: no consiste este avance en una declaración o construcción lingüística, sino en una posibilidad material. Esta disonancia tiene un efecto interesante, ya que, como decía antes, deja en fuera de juego al sistema actual, respecto de los textos legales que lo soportan. Me explico.

 

En nuestro Código Civil, uno de los pilares del ordenamiento jurídico español, dice el artículo 3.1 que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. Repasemos estos criterios de interpretación de la norma en relación al artículo 1.2 de la Constitución (mencionado anteriormente) y a las posibilidades de expansión democrática que permite Internet.

Si atendemos al sentido propio de sus palabras (criterio lingüístico), queda bastante claro que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. En cuanto a la relación con el contexto, como he expuesto más arriba, era necesario (en el 78) establecer un sistema de representación, en atención a maximizar democracia y gobernabilidad con los recursos existentes. Sin embargo, ¿cómo se interpreta eso hoy, cuando se hace posible un ejercicio más amplio de esa soberanía?. Sin duda, la realidad social (otro de los criterios de interpretación) es muy diferente a la de entonces. Aumentar la participación ciudadana, controlar y fiscalizar a los órganos de gobierno y el descrédito de los partidos son aspectos centrales de nuestra realidad política actual, del tiempo en el que tienen que ser aplicadas las leyes. Por último, el espíritu y finalidad (criterio teleológico) del artículo 1.2 de la CE, debe coincidir con los anteriores. De lo contrario, la involución democrática que estamos sufriendo no sería sólo de facto, sino también formal.

Siendo oportuno un desarrollo argumental mayor, creo que queda clara mi tesis, que se corrobora además en otros campos y derechos:

A la luz de los cambios tecnológicos y científicos que vivimos, junto a las aspiraciones sociales, el sistema actual y su funcionamiento no cumplen ni los requisitos mínimos democráticos que establecen las leyes sobre las que se pretende sostener. El ordenamiento jurídico se convierte en incompleto respecto del propio sistema que pretende regular.

Dicho de una manera mucho más simple: deberíamos estar elaborando y votando las leyes, entre todas las personas, desde ya y con todo derecho, con el derecho vigente.

Esta reivindicación, que he comentado y debatido ampliamente con gente que se autodefine tanto de izquierdas como de derechas, produce un efecto llamativo, pues muchos de los primeros se oponen a ampliar la participación y a distribuir más el poder, mientras que gran número de los segundos se muestran favorables. De este modo, se produce una fractura histórica, en esta materia, entre las relaciones semánticas izquierda-progresista y derecha-conservadora.

La explicación de estas disonancias cognitivas requeriría de otro texto aún mayor, pero se puede resumir en dos ideas: la importancia del elemento identitario cultural de cada persona (educación, lenguaje, símbolos, entorno…) a la hora de adscribirse a un marco ideológico y la posición de poder (absoluta o relativa) de la que se disfruta, que puede llevar a actuar, en la práctica, de un modo diferente al que se espera, en atención a una ideología declarada, incluso asumida.

Las posiciones conservadoras y progresistas reales, no las formales o aparentes, quedarán al descubierto en el debate y el progresivo avance de la participación social en política, en su defensa o en su ataque, y depararán muchas sorpresas.