Carta de Juan Moreno Yagüe al fondo de vuestras conciencias

conciencia

Este texto está extraído del muro de FB de @Hackbogado:

Esto no va a abrir telediarios. Ni tendrá portadas. Es más, no lo va a escuchar en ningún sitio, salvo por la red. 

Pero esto es más real que los ojos que lo leen.

(En Grecia) Se aliaron dos partidos políticos en una “gran coalición” para salvar el país. 

Y en realidad era mentira. No salvaron nada. 

Y ahora, vendrán a prometernos lo mismo. Y todo el juego se basa en mentiras. 

¿Y saben quiénes son los más mentirosos de todos?

Ustedes. Ustedes mismos. Ustedes se están engañando. Todo el tiempo. Un “no, no puede ser, lo arreglaran…”, les recorre el cerebro todo el tiempo. Y ellos lo saben. Y cuando vengan, les dirán que sólo ellos pueden. Que sólo ellos. Que no se les ocurra hacer nada “raro”, ni siquiera pensarlo. 

Ustedes mismos se mienten. Una y otra vez. Se dicen … “no, no valdría la pena, es perder el tiempo, eso sería imposible…”

Y hacen un esfuerzo tremendo para no creer. Para no creer que es posible. 

Y si, es posible. Y lo saben, pero prefieren mentirse. Por ahora están más cómodos sin hacer nada. Y prefieren seguir así, esperando, “a ver si ellos lo resuelven”. Que seguro, por favor, cómo no se va arreglar, piensan para si mismos. 

Pero no. Así no se arregla nada.

Hay una pequeña vocecita, en lo más profundo de sus cerebros que se lo dice. No le hacen caso, pero está ahí. Saben perfectamente de qué les hablo. Esa voz que reclama un basta ya de tantas injusticias. Un basta ya de tanto robo. Un basta ya de que siempre seamos los mismos. 

Es una voz muy bajita. Casi todo el tiempo está ahí, controlada. Sin molestar. Pero no se apaga nunca. No para nunca. Intentan silenciarla. Ustedes mismos intentan no creer en ella aunque, en el fondo, saben que eso que está en lo más profundo, eso que son ustedes mismos cuando están pensado solos, sin nadie que les moleste, eso, exactamente eso, son ustedes; y que es más verdad que todo lo demás. Que tiene razón. Que esa pequeña voz les esta diciendo algo incómodo, pero que es verdad. 

En Grecia tuvieron la oportunidad. Por dos veces. Y sus ciudadanos pensaron lo mismo:

-¡Anda ya! ¿cómo vamos a dejar de votar a los partidos tradicionales y vamos a elegir a unos desconocidos que no tienen experiencia? ¿cómo vamos a arriesgarnos a eso? No, hombre, no, seguro que estos lo arreglan, no van a dejar que todo se vaya al garete, por favor, ¿cómo va a suceder eso?…

Y en vez de apostar por quien con todas su fuerzas, toda su fe, toda su verdad y valentía les dijo que sabía cómo salvarles del desastre, cómo romper la maldición, prefirieron no cambiar. Aquéllo de “más vale malo conocido …”.

Y volvieron a poner al frente a los que los habían llevado al desastre. Siempre eran los mismos. Y los volvieron a poner al frente. 

Pues bien, hoy se están dando cuenta de que se equivocaron. Cualquiera se puede equivocar, y más los pueblos. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Si. Todos.

El problema es si todos podemos pagar el precio que a veces supone equivocarse. 

Y la respuesta es no. No podemos.

Miren y espántense:

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/10/agencias/1394477574_636984.html

Por favor, no se equivoquen. No hagan caso a su conformismo. Háganle caso a su instinto. En mayo, no se equivoquen. No repitan. Voten a quien jamás hayan votado antes. Sigan esa regla. Y sigan sus instintos. No voten a los mismos. No les sacaran del infierno. Sálvense ustedes mismos, antes de que sea demasiado tarde. 

Por favor.

La sociedad en movimiento

concentración del movimiento 15M en la Plaza de la Encarnación, Sevilla. Foto Flick: Ale Arillo

concentración del movimiento 15M en la Plaza de la Encarnación, Sevilla. Foto Flick: Ale Arillo

Me gustaría despedir el año haciendo una reflexión personal. Un año en el que #LaMafia ha contraatacado, tras el terremoto popular de las plazas y las redes, y nos ha dejado la cara colorada a base de B.O.E.fetones.

Y es que este 2013 ha estado especialmente caracterizado por atropellos en forma de leyes y decretos, de indultos, de multas o de tarifazos. Y no sé si es mi sola impresión, pero percibo cierto agotamiento en “la resistencia”. Lógico, por otra parte, porque resistir cansa. Mucho.

¿Qué ha pasado para que concentraciones como la de la foto se vean ya con nostalgia? ¿Por qué es cada vez más difícil movilizar a la gente? Son necesarias más preguntas para poder responder a estas cuestiones.

¿Qué teclas se tocaron para que se movilizasen? ¿Qué sensación queda de lo que se ha hecho o conseguido? ¿Por qué se movilizaban? ¿Cuáles son los costes de esa movilización y cuáles los factores que erosionan una posición activa, activista, sostenida? Lamentablemente, aquí no funciona el 2+2=4. La relación entre el maltrato al que nos someten desde el Poder y la reacción en contra no es una regla de tres directa. Ojalá pudiera serlo…

Hace no mucho, Mayo Fuster publicaba en eldiario.es un interesante artículo que trataba sobre la Ley de Potencias. En él se intentaba dar sentido a esa máxima que indica que sólo un 10% de las personas integrantes de una red son las que se movilizan. Pero quizás es más apropiado, para analizar lo que sucedió en 2011, para responder a tantas preguntas, retrotraerse un paso antes, cuando la red no está aún formada, cuando se encuentra en plena construcción.

En este sentido, mi memoria, alterada por el paso del tiempo o no, me lleva a los primeros meses de vida de Democracia Real Ya. Y paseando desde ese Febrero de 2011, a través de estos casi 3 años, hay un concepto que considero central en el éxito de lo que fue y en lo que pueda estar por llegar: el desbordamiento.

DRY fue un sujeto colectivo consciente y continuamente desbordado en sus inicios. Cierto es que se daban las condiciones de una oportunidad política para lanzar un órdago así. No cabe duda de que movimientos y agentes políticos y sociales ya instituidos arrastraban un inmovilismo, o una trayectoria errática, que dejaba espacio para una nueva experiencia. Pero fueron las características propias de DRY las que propiciaron que, en apenas tres meses de preparación, se creasen más de 60 nodos locales, una red estatal con lazos en otros países, un manifiesto y unas reivindicaciones comunes, espacios de encuentro y grupos de trabajo, online y offline,  y que todo se condensase en una jornada de manifestaciones masivas, que pilló por sorpresa a propios y extraños, a medios, a partidos o a la policía.

Como decía, DRY vivía en continuo desbordamiento. Eso se debía a que cualquier persona que se reconociese en el manifiesto, en los objetivos o en la propia idea de una Democracia Real, pudiera ser parte, pudiera ser él o ella, pudiera tomar todo lo que ya estaba elaborado, reelaborarlo y devolverlo al común, impregnado de su propia aportación. Eso pasó, por ejemplo, con todos los virales que se lanzaron antes del 15 de Mayo. La mayoría, eran realizados por personas que quizás no pertenecían a un nodo local, o que no estaban en el grupo de coordinación. Gente que, simplemente, quería poner su granito de arena. Imagínense si nos hubiéramos puesto nerviosos porque había personas “utilizando nuestra marca” sin nuestro permiso, sin nuestro control. Pues sí que nos poníamos nerviosos, a veces, al no poder contrastar de dónde venían o quiénes eran los que habían creado tal o cual perfil en FB o Twitter… hasta que comprendimos que ese desbordamiento, ese ser sin ser de nadie, era la clave del éxito.

Cuando parecía que habíamos llegado a nuestro tope, ese 15 de Mayo, pasó lo que nadie esperaba (o sí, pero pocos…), otro desbordamiento: plazas abarrotadas de gente, de comunes y corrientes. ¿Eran DRY? ¿no eran DRY? ¿Qué y quiénes eran? Estas preguntas, por las experiencias que me han llegado y por la propia que viví, se dieron en muchas acampadas, hasta que se empezó a interiorizar este nuevo desbordamiento, aparejado a una nueva identidad, libre y colectiva, el sujeto 15M. Los desbordamientos propician algo muy interesante: permiten que sea real, aún por un periodo de tiempo no muy extenso, que no existan líderes, que no se reifiquen las experiencias, que no se burocraticen las dinámicas, que no se desarrollen sentimientos de propiedad hacia la cosa, ni de la cosa hacia uno mismo. Pero si esa cadena de desbordamientos se detiene, inevitablemente acabamos por instituir la cosa, por dotarla de una identidad, de unos símbolos, de un lenguaje…, que van más allá de los propios objetivos, del “meme” designificado, con esa propiedad de poder ser aprehendido, modificado y devuelto al común por cualquiera.

Hay puntos fuertes en ese proceso, por supuesto. La especialización, encontrar a las personas con las que mejor trabajas en lo que mejor trabajas, organización, perfeccionamiento de las metodologías, etc. La cuestión es si, aparejado a este proceso de institución, no va también un proceso paralelo de marginalización (en el sentido de poner márgenes, de acotar, de seleccionar a una parte del todo) y de profesionalización. A su vez, esta marginalización y profesionalización llevan a que unas personas -o grupos- asuman más tareas, se hagan reconocidas o reconocibles, delegándose en ellas la iniciativa y el peso de las mismas. Nos lleva, al final, a una suerte de representación por delegación. Se ha construido la red, sí, y ahora empieza a funcionar la Ley de Potencias.

Pero sucede otra cosa perniciosa, perjudicial. Al tratarse de activismo, de una actividad política por definición no remunerada (y esto no es un alegato para que se remunere, sino una constatación de la realidad), es insostenible a la larga. Además, la profesionalización, las largas horas dedicadas a-y-en un grupo más o menos homogéneo, favorecen un distanciamiento del resto de la sociedad. En el activismo nos “contaminamos” de nosotr@s mism@s y transferimos esa contaminación, aún sin quererlo, al sujeto o experiencia colectiva.

Como pueden ver, este proceso es completamente el opuesto a lo que sucede cuando existe y se promueve el desbordamiento, ya que, cuanta más gente se decida a participar, menos riesgo hay de anquilosamiento. Se combate o se compensa la subjetivación con-y-por la multisubjetividad.

Llegados a este punto, como persona a la que le preocupa el mañana, me pregunto en el hoy cómo se pueden relanzar experiencias, en el campo que sea, donde se puedan producir nuevas oleadas de desbordamientos y, no menos importante, cómo poder mantenerlos en el tiempo, sin que nuestra propia inercia de prácticas políticas y culturales nos lleven a marginalizarlas. Lo que pretendo, en el fondo, con estas reflexiones, es que se desborden las respuestas.

Feliz y combativo año nuevo,

@SuNotissima

Democracia es derecho a decidir

derdec

 

 

Está teniendo gran repercusión en los debates políticos que acaecen en las redes sociales un artículo de opinión de Javier Cercás, en El País, titulado “Democracia y derecho a decidir”. Ya desde el título, el autor está demarcando una frontera discursiva entre los dos conceptos, avanzando la que será su tesis, perfectamente resumida en el último párrafo, donde sentencia:

…se puede ser demócrata y estar a favor de la independencia, pero no se puede ser demócrata y estar a favor del derecho a decidir, porque el derecho a decidir no es más que una argucia conceptual, un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría.”

Para que uno no se lleve las manos a la cabeza al terminar de leer esa última frase, Cercás desarrolla una serie de argumentos. Primero centra su ataque contra lo que él llama un “derecho fantasmal”, el derecho a decidir, pero lo hace reduciendo sucintamente ese derecho al terreno de la autodeterminación nacional, en concreto, a la catalana.

Habría que explicarle al señor Cercás que el derecho a decidir es más amplio que el mero hecho de votar sobre unidad o independencia. Supone la capacidad de los ciudadanos para “participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”. Algo tan importante que corresponde a los Poderes Públicos “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y si el señor Cercás insiste en que “no ha sido argumentado (…) por ningún teórico, ni reconocido en ningún ordenamiento jurídico”, baste decirle que yo acabo de citar, entrecomillados, fragmentos de los artículos 23 y 9 de la Constitución.

 Pretende, en definitiva, deslindar la capacidad de decidir de los atributos reconocidos y reconocibles en un Estado democrático. Para ello enumera una serie de conductas reguladas por ley, intentando hacer ver que no tenemos, como ciudadanos, la potestad de no cumplirlas, de decidir un comportamiento diferente.

Yo no tengo derecho a decidir si me paro ante un semáforo en rojo o no: tengo que pararme. Yo no tengo derecho a decidir si pago impuestos o no: tengo que pagarlos.”

Este intento de analogía es directamente una barbaridad, ya que establece en un mismo plano conductas y preceptos legales de naturaleza y categorías completamente diferentes. Si nos paramos ante un semáforo en rojo o pagamos impuestos es porque existen unas normas que así lo prescriben, pero esas normas, como todas, son susceptibles de ser modificadas si existe una voluntad popular que así lo disponga. Ahí es donde se enfoca la capacidad o derecho a decidir, en la proposición, elaboración y adopción mayoritaria de unas normas de convivencia. Hacer una reducción al absurdo, como la anterior, no es más que una argucia retórica que raya la demagogia.

Pero Cercás se ratifica en su postura al afirmar que “la democracia consiste en decidir dentro de la ley”, como si ésta fuera una institución ya dada e incuestionable. Ese razonamiento deslinda la potestad legislativa, el acto mismo de legislar, de la voluntad individual y agregada de la población (que sólo puede decidir dentro de lo aprobado por la ley, sin cuestionarla). No en vano, al referirse a las posibilidades de decisión, las reduce conscientemente al derecho del sufragio, a decidir (más bien elegir) en “las elecciones municipales, autonómicos o estatales”.

El problema de esta concepción de la democracia es que reserva las decisiones importantes a los cargos electos, olvidando, o no dándole importancia, a la posibilidad (que en nuestros días es un hecho) de que estos se desliguen de la voluntad política de aquéllos que los eligen. Como consecuencia, tenemos un sistema de partidos en el que el programa electoral no pasa de ser un catálogo de buenas intenciones (o de intenciones comerciales) que ningún partido está obligado a cumplir. Algo que, como le sucede a Cercás, parece que está perfectamente interiorizado y normalizado.

Nos encontramos, la gente, la ciudadanía, la población, en un marco jurídico que está muy lejos de nuestras manos, que no podemos decidir más que mediante la intermediación de grandes núcleos de poder e intereses y de donde no nos debemos salir a la hora de proponer iniciativas políticas. Debemos pensar y actuar conforme a esa ley que nos cae del cielo y el mero hecho de proponer una revisión de la misma y de permitir la participación ciudadana en las decisiones es, en palabras de Cercás, “un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría”.

En definitiva, la visión del articulista peca de rigorismo legalista, pretendiendo una aplicación y acatamiento tautológicos del Derecho, es decir, aceptarlo y cumplirlo porque es ley, sin entrar a valorar cómo se ha elaborado, cuándo, por quién, en representación de quién y por qué. Quizás él no lo sepa, pero la interpretación de las normas es un tema harto complejo, para el que el artículo 3 del Código Civil enumera unos criterios que pretenden, precisamente, que no se hagan juicios de valor tan simplones como el de este artículo.

De la Iniciativa a la Acción Legislativa Popular

 

En Economía, se llaman barreras de entrada a los obstáculos con los que se encuentra una empresa para entrar en un mercado. Estos límites reflejan el nivel de competitividad y, si son muchos o muy fuertes, generan la existencia de monopolios.

Las barreras de entrada pueden ser naturales (como el elevado coste de extracción de un combustible fósil, tan sólo al alcance de grandes empresas) o artificiales (como las patentes). Es común que se den ambas, sobre todo que, a raíz de una barrera natural, aquélla entidad que inicia una explotación vaya estableciendo otras barreras para que las demás no puedan llegar nunca a ser competidoras. Jugaría esta empresa con un poder de mercado que le permite estar siempre en ventaja, diseñando las reglas y condiciones de ese juego, desde arriba.

Algo similar pasa en el diseño institucional de la participación ciudadana en política. A raíz de una barrera natural, la imposibilidad de introducir en un parlamento a millones de personas, se establece un monopolio de la acción política en manos de entes llamados partidos, que la ejercen mediante representación y que, una vez dentro del juego, reforman la legislación para mantener esa posición de poder.

Aunque de manera formal, en nuestro ordenamiento jurídico se establecen vías de participación directa de la ciudadanía en política, sobre todo en la Constitución, pese a que su posterior desarrollo legislativo prácticamente las inutiliza, estableciendo insalvables barreras. Es el caso del referendum, congelado desde la reforma efectuada para neutralizar el llamado Plan Ibarretxe. También sucede con el derecho fundamental a ser elegido, obstaculizado por barreras como los avales que se exigen a partidos o listas de electores de nueva creación. Por supuesto, esto también ocurre con las Iniciativas Legislativas Populares, muy de actualidad por la reciente presentación de la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, a pesar de haber recabado la friolera de un millón y medio de firmas, ha sido vilipendiada y denostada por el partido en el gobierno.

Las Iniciativas Legislativas Populares no sólo tienen como barreras de entrada las firmas (500.000 para ser admitidas a estudio por la Comisión Parlamentaria correspondiente), además, se limitan las materias sobre las que pueden versar, de las que se descuentan prácticamente las más importantes, al mismo tiempo que se establece la votación parlamentaria como último escollo para su aprobación y puesta en práctica. En resumidas cuentas, una ILP no puede ser aprobada si no cuenta con el beneplácito del partido o los partidos en el gobierno, aunque recoja millones de firmas y un respaldo popular ostensible y mayoritario.

Esa barrera física, natural, a la que hacía referencia antes y que motivó la proliferación de las llamadas democracias representativas, ya no existe. El desarrollo tecnológico permitiría sin problemas la participación directa de todas las personas, tanto en la vertiente propositiva de leyes como en su aprobación directa, haciendo real el enunciado del artículo 1.2 de la Constitución, que consagra al pueblo como titular único y último de la Soberanía Nacional , de la que emanan los Poderes del Estado.

Pero el monopolio que han configurado los partidos se sigue perpetuando e imponiendo, a través de las sucesivas barreras a la entrada, al efectivo ejercicio por parte del pueblo de esa Soberanía. Baste decir que las dos leyes fundamentales en el proceso electoral, la Ley de Partidos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, han sido reformadas una veintena de veces desde su creación, rara vez para facilitar la participación.

El monopolio de la acción política institucional ha provocado una anomalía irritante de la lógica jurídica de la representación. En derecho, el mandato (también el político) se compone de dos partes: el mandante, que encarga un trabajo o servicio al mandatario, que debe realizarlo en los términos previstos en el contrato por el que se vinculan. Cuando en televisión escuchamos hablar de tal o cual mandatario, tenemos la sensación de que es una persona con poder, que manda, pero ese error es consecuencia de este monopolio, no de su configuración jurídica. Los mandatarios (cargos electos) deben someterse a los mandantes (electores) en los términos del contrato por el que se vinculan (legislación más programa electoral).

Pero el mandato representativo ha dejado de tener el sentido por el que se creó. Ha pasado a ser la excusa formal para el ejercicio del poder y la supremacía de aquéllos que detentan la Soberanía en beneficio propio, ignorando las obligaciones del contrato que asumen como representantes de los ciudadanos de un estado.

De poco sirven maniobras de cara a la galería como la admisión a trámite parlamentario de la mencionada ILP de la PAH, o la ocurrencia del Escaño 110 en Andalucía si, al final, la última palabra sigue correspondiendo al monopolio partidista.

En contrapartida, como solución a esta patología democrática, debemos exigir la reforma de las Iniciativas Legislativas Populares, en el marco del necesario nuevo proceso constituyente, para que no supongan sólo la iniciativa, sino que puedan llegar a ser verdaderas Acciones Legislativas.

No es descabellado idear un sistema mediante el cual las personas puedan colaborar en red en la redacción de textos legales y que, en función de un método de corrección y votación universal, estas propuestas puedan ser aprobadas y puestas en marcha sin el preceptivo visto bueno de los monopolistas.

La revolución en las comunicaciones ya permite tanto la redacción como la aprobación de leyes, haciendo desaparecer las originarias barreras de entrada naturales al ejercicio de la acción política directa, desintermediada. Sería además ridículo argumentar que es necesaria una especial cualificación, sólo personificada en los diputados y en los partidos, habida cuenta de que ninguna de las leyes que vienen aprobando en los últimos años está dando los resultados prometidos. Es más, los proyectos de ley que se elaboran y aprueban en el monopolio legislativo actual distan mucho de tener el análisis, el estudio o el rigor científico debido, que se podría y debería alcanzar desde y por la colaboración directa de toda la sociedad.

Más participación es más democracia. Sí se puede, pero no quieren.

Progresistas y conservadores

Viñeta de Mingote

Viñeta de Mingote

Progresismo y conservadurismo son dos términos, utilizados y reconocidos ampliamente en la retórica política, cuyo significado se ha deformado, casi oxidado, con el transcurso del tiempo. Al igual que ha sucedido con otros conceptos, superados por los cambios históricos, han dejado quizás de significar aquello para lo que fueron nombrados.

Dice la Wikipedia que el primero en utilizar el término conservador en el vocabulario político fue Chateaubriand en 1819 para referirse a quienes se oponían a la ideas antecedentes y resultantes de la Revolución francesa o, más en general, a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración”. En ese contexto, lo conservador cobraba sentido en tanto configuraba una oposición al cambio, al progreso, al avance.

Ese progreso o avance, continuando en la gramática política, se ha referido históricamente a la incorporación de derechos políticos, sociales o civiles a la persona. De ahí su relación estrecha con las categorías ideológicas llamadas de izquierda. Por contraposición, el conservadurismos es la etiqueta a la que se suele adscribir un pensamiento de derechas.

 

Hasta aquí todo claro, parece. Y digo parece porque el paso del tiempo, los cambios sociales, pueden dejar en fuera de juego al lenguaje o, mejor dicho, a las personas que pretenden, de alguna manera, obviar que el lenguaje construye y soporta la realidad y que, por lo tanto, cambia con ésta.

La política consiste, en parte, en dirimir la titularidad y el ejercicio del poder. En este sentido, se observa un avance relativo, discontinuo, hacia una universalización del mismo. Si bien es cierto que, puntualmente, la democratización ha sufrido de involuciones (en la edad Media, en el Antiguo Régimen o en la época actual), a cada revolución, a cada cambio cualitativo -en Política, Sociedad, Economía y Cultura- le ha correspondido una mayor distribución del poder (sufragio censitario, sufragio universal masculino, sufragio universal, por ejemplo), normalmente acompañada de un aumento de derechos y garantías.

Considerando esta “evolución”, lo progresista consistiría en la aspiración continua a una democratización radical, a una distribución del poder al máximo, reduciendo en la medida de lo posible la intermediación y la formación de núcleos de concentración del mismo.

Las constituciones y declaraciones de derechos vigentes en la actualidad pretenden enunciar el grado máximo de Democracia. Así lo hace la española de 1978, en su artículo 1.2, cuando declara que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Parece difícil superar esta frase y definir lingüísticamente la aspiración democrática de una manera mejor, más ambiciosa. Sin embargo, y sobre todo tratándose de(l) poder, la promulgación de este tipo de textos constitucionales pecaba de tramposa, consciente y alevosamente tramposa.

Siguiendo con el supuesto español, cuando en 1978 se redacta y vota nuestra Constitución, resulta inviable materializar esa distribución de la soberanía entre todas y cada una de las personas que componen “el pueblo español”. Como en textos y gobiernos análogos, la soberanía se ejerce por representación. No era viable introducir a millones de personas a debatir, legislar y votar en una habitación, por muy parlamento que fuera, ni era practicable comunicativamente un gobierno distribuído a distancia. Por imperativo físico, había que fijar un sistema representativo que superase estas limitaciones espacio-temporales.

Pero, de repente, surge, se universaliza y se desarrolla Internet, haciendo posible lo que antes parecía una utopía. Como sucede con otros campos como la formación, el cine o la música, la red hace la intermediación opcional, no forzosa, en la actividad política. Se convierte en posible, por ejemplo, la elaboración colaborativa de leyes y la votación directa de las mismas por parte de la población. (Al respecto, LLQQ y Democracia 4.0).

En el progreso hacia una utópica democracia total, podemos decir que se desbloquea el siguiente nivel, se puede dar un paso más, con una particularidad: no consiste este avance en una declaración o construcción lingüística, sino en una posibilidad material. Esta disonancia tiene un efecto interesante, ya que, como decía antes, deja en fuera de juego al sistema actual, respecto de los textos legales que lo soportan. Me explico.

 

En nuestro Código Civil, uno de los pilares del ordenamiento jurídico español, dice el artículo 3.1 que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. Repasemos estos criterios de interpretación de la norma en relación al artículo 1.2 de la Constitución (mencionado anteriormente) y a las posibilidades de expansión democrática que permite Internet.

Si atendemos al sentido propio de sus palabras (criterio lingüístico), queda bastante claro que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. En cuanto a la relación con el contexto, como he expuesto más arriba, era necesario (en el 78) establecer un sistema de representación, en atención a maximizar democracia y gobernabilidad con los recursos existentes. Sin embargo, ¿cómo se interpreta eso hoy, cuando se hace posible un ejercicio más amplio de esa soberanía?. Sin duda, la realidad social (otro de los criterios de interpretación) es muy diferente a la de entonces. Aumentar la participación ciudadana, controlar y fiscalizar a los órganos de gobierno y el descrédito de los partidos son aspectos centrales de nuestra realidad política actual, del tiempo en el que tienen que ser aplicadas las leyes. Por último, el espíritu y finalidad (criterio teleológico) del artículo 1.2 de la CE, debe coincidir con los anteriores. De lo contrario, la involución democrática que estamos sufriendo no sería sólo de facto, sino también formal.

Siendo oportuno un desarrollo argumental mayor, creo que queda clara mi tesis, que se corrobora además en otros campos y derechos:

A la luz de los cambios tecnológicos y científicos que vivimos, junto a las aspiraciones sociales, el sistema actual y su funcionamiento no cumplen ni los requisitos mínimos democráticos que establecen las leyes sobre las que se pretende sostener. El ordenamiento jurídico se convierte en incompleto respecto del propio sistema que pretende regular.

Dicho de una manera mucho más simple: deberíamos estar elaborando y votando las leyes, entre todas las personas, desde ya y con todo derecho, con el derecho vigente.

Esta reivindicación, que he comentado y debatido ampliamente con gente que se autodefine tanto de izquierdas como de derechas, produce un efecto llamativo, pues muchos de los primeros se oponen a ampliar la participación y a distribuir más el poder, mientras que gran número de los segundos se muestran favorables. De este modo, se produce una fractura histórica, en esta materia, entre las relaciones semánticas izquierda-progresista y derecha-conservadora.

La explicación de estas disonancias cognitivas requeriría de otro texto aún mayor, pero se puede resumir en dos ideas: la importancia del elemento identitario cultural de cada persona (educación, lenguaje, símbolos, entorno…) a la hora de adscribirse a un marco ideológico y la posición de poder (absoluta o relativa) de la que se disfruta, que puede llevar a actuar, en la práctica, de un modo diferente al que se espera, en atención a una ideología declarada, incluso asumida.

Las posiciones conservadoras y progresistas reales, no las formales o aparentes, quedarán al descubierto en el debate y el progresivo avance de la participación social en política, en su defensa o en su ataque, y depararán muchas sorpresas.

¿Qué es la antipolítica?

antipolitica

 

 

El resultado de los comicios electorales celebrados recientemente en Italiano ha dejado indiferente a nadie y ha supuesto un duro revés para los grupos de poder que reinan en la Unión Europea, que patrocinaban sin disimulo la victoria del PD de Bersani y una coalición con “su hombre” en el país, Mario Monti.

 

Medios y analistas políticos han quedado en fuera de juego tras la resurrección de Berlusconi y, sobre todo, ante la eclosión del Movimento 5 Stelle de Beppe Grillo, partido más votado de todo el elenco (sin contar a las coaliciones), al que no han tardado en bautizar como populista o acusado de practicar “antipolítica”.

Llama la atención cómo ese tipo de etiquetas se viralizan y corren, de medio en medio, como si de una obligación deontológica se tratase. Más allá de exponer argumentos para demostrar estas hipótesis, se institucionalizan los términos pretendiendo crear marcos cognitivos, relaciones rápidas y directas para que los votantes se acerquen a la urna con prejuicio y predisposición.

 

Toda fuerza que se atreva a cuestionar el sistema de representación partitocrático es tildada de antipolítica, a pesar de que han sido los bipartidismos europeos los encargados de denostar el primigenio concepto de política, los primeros antipolíticos.

 

Para argumentar mi hipótesis voy a utilizar otra palabra de moda tras el escrutinio celebrado en Italia: “ingobernabilidad”, o la imposibilidad de regir un país con un sólo partido, o dos que sumen una amplia mayoría.

 

La excusa de la gobernabilidad ha servido para promulgar leyes electorales de lo más antidemocrático. Desde la LOREG española y su Ley D’Hondt, pasando por la griega, que regalaba 50 diputados al partido más votado, o a la italiana que le otroga el 55% de los escaños en la Camera, aunque haya recibido muchos menos votos.

 

En el momento en que los resultados electorales son capaces de invalidar la trampa antidemocrática de las legislaciones electorales, se declara el país como ingobernable y se emprende una nueva reforma que consiga volver a los cauces de siempre, al bipartidismo, a mayorías férreas y aplastantes. Bajo este pretexto, el pluralismo político que los partidos están comprometidos a representar (artículo 6 de la Constitución Española) ya no es importante. La obligación de estos de cara a parlamentar, a alcanzar consensos, a gobernar para toda la sociedad desaparece. Como si hacer política, de verdad, fuera demasiado complicado, o demasiado peligroso.

 

Sin embargo, parece que es perfectamente normal que un gobierno con mayoría absoluta legisle a golpe de decreto (el ejecutivo haciendo de legislativo), evitando todo debate constructivo parlamentario, convirtiendo al propio parlamento en un teatro donde se representa el juego político, pero donde no se decide nada, ya que todo viene decidido de casa, de la sede y de la ejecutiva de cada partido.

 

Si un parlamento plural y con las fuerzas equilibradas es un problema para la gobernabilidad de un país, es que la democracia, en sí, es un problema para la gobernabilidad de un país. No dista este plantemiento de regímenes más autocráticos, pero resulta curioso, ya que los que abogan por fuertes y rígidas mayorías que den “estabilidad” son los primeros en tachar de antipolíticos a movimientos como el 5 Estrellas, emparentándolos con lejanas figuras disctatoriales. Porque, si a los discursos nos atenemos, a mí me siguen pareciendo populistas desde Obama a Bersani, pasando por Rubalcaba o Rajoy.

 

Precisamente Rajoy, en el (no) debate del Estado de la Nación, no paraba de insistir en que su partido fue el más votado allá por el lejano Noviembre de 2011, hecho que, según nuestro presidente, justifica que se haya saltado flagrantemente sus promesas electorales y que gobierne, decreto tras decreto, en contra de los intereses de la mayoría de la población. ¿No es eso la antipolítica?

El lingüista Ferdinand de Saussure utilizaba los enfoques sincrónico y diacrónico para hablar del estado de una lengua, bien en un momento concreto (sincronía), o bien atendiendo a su evolución histórica y comparada (diacrónico).

Parece que la democracia que los stablishments partitocráticos , los analistas y los medios entienden, es la sincrónica, la que funciona con base en acontecimientos puntuales, como las elecciones, donde se llama a la participación ciudadana, que empieza y acaba en el mismo momento en el que se deposita el sobre en la urna. A esto lo llaman política.

 

La otra, la democracia diacrónica, en tiempo real, constante y permanente, sigue sin contemplarse en las altas esferas, a pesar de ser una de las exigencias actuales en la sociedad y en sus movimientos

.

Más allá de la polémica figura de Grillo al frente del Movimento 5 Stelle, la participación continuada de la gente en la toma de decisiones y en la gestión de sus recursos, que es lo que proclama este partido, empieza a convertirse en aspiración universal, habida cuenta de que los medios tecnológicos como Internet ya lo permiten.

A pesar de lo que digan los medios y de las reacciones de “los mercados”, estamos viviendo justamente un cambio, un tránsito desde la antipolítica de los sistemas partitocráticos a nuevos modelos de democracia directa y participativa, que constituyen la máxima garantía, no ya de la salida de la estafa que llaman crisis, sino de que derivas totalitarias, partitocráticas o financieras, no vuelvan a suceder.