Progresistas y conservadores

Viñeta de Mingote

Viñeta de Mingote

Progresismo y conservadurismo son dos términos, utilizados y reconocidos ampliamente en la retórica política, cuyo significado se ha deformado, casi oxidado, con el transcurso del tiempo. Al igual que ha sucedido con otros conceptos, superados por los cambios históricos, han dejado quizás de significar aquello para lo que fueron nombrados.

Dice la Wikipedia que el primero en utilizar el término conservador en el vocabulario político fue Chateaubriand en 1819 para referirse a quienes se oponían a la ideas antecedentes y resultantes de la Revolución francesa o, más en general, a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración”. En ese contexto, lo conservador cobraba sentido en tanto configuraba una oposición al cambio, al progreso, al avance.

Ese progreso o avance, continuando en la gramática política, se ha referido históricamente a la incorporación de derechos políticos, sociales o civiles a la persona. De ahí su relación estrecha con las categorías ideológicas llamadas de izquierda. Por contraposición, el conservadurismos es la etiqueta a la que se suele adscribir un pensamiento de derechas.

 

Hasta aquí todo claro, parece. Y digo parece porque el paso del tiempo, los cambios sociales, pueden dejar en fuera de juego al lenguaje o, mejor dicho, a las personas que pretenden, de alguna manera, obviar que el lenguaje construye y soporta la realidad y que, por lo tanto, cambia con ésta.

La política consiste, en parte, en dirimir la titularidad y el ejercicio del poder. En este sentido, se observa un avance relativo, discontinuo, hacia una universalización del mismo. Si bien es cierto que, puntualmente, la democratización ha sufrido de involuciones (en la edad Media, en el Antiguo Régimen o en la época actual), a cada revolución, a cada cambio cualitativo -en Política, Sociedad, Economía y Cultura- le ha correspondido una mayor distribución del poder (sufragio censitario, sufragio universal masculino, sufragio universal, por ejemplo), normalmente acompañada de un aumento de derechos y garantías.

Considerando esta “evolución”, lo progresista consistiría en la aspiración continua a una democratización radical, a una distribución del poder al máximo, reduciendo en la medida de lo posible la intermediación y la formación de núcleos de concentración del mismo.

Las constituciones y declaraciones de derechos vigentes en la actualidad pretenden enunciar el grado máximo de Democracia. Así lo hace la española de 1978, en su artículo 1.2, cuando declara que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Parece difícil superar esta frase y definir lingüísticamente la aspiración democrática de una manera mejor, más ambiciosa. Sin embargo, y sobre todo tratándose de(l) poder, la promulgación de este tipo de textos constitucionales pecaba de tramposa, consciente y alevosamente tramposa.

Siguiendo con el supuesto español, cuando en 1978 se redacta y vota nuestra Constitución, resulta inviable materializar esa distribución de la soberanía entre todas y cada una de las personas que componen “el pueblo español”. Como en textos y gobiernos análogos, la soberanía se ejerce por representación. No era viable introducir a millones de personas a debatir, legislar y votar en una habitación, por muy parlamento que fuera, ni era practicable comunicativamente un gobierno distribuído a distancia. Por imperativo físico, había que fijar un sistema representativo que superase estas limitaciones espacio-temporales.

Pero, de repente, surge, se universaliza y se desarrolla Internet, haciendo posible lo que antes parecía una utopía. Como sucede con otros campos como la formación, el cine o la música, la red hace la intermediación opcional, no forzosa, en la actividad política. Se convierte en posible, por ejemplo, la elaboración colaborativa de leyes y la votación directa de las mismas por parte de la población. (Al respecto, LLQQ y Democracia 4.0).

En el progreso hacia una utópica democracia total, podemos decir que se desbloquea el siguiente nivel, se puede dar un paso más, con una particularidad: no consiste este avance en una declaración o construcción lingüística, sino en una posibilidad material. Esta disonancia tiene un efecto interesante, ya que, como decía antes, deja en fuera de juego al sistema actual, respecto de los textos legales que lo soportan. Me explico.

 

En nuestro Código Civil, uno de los pilares del ordenamiento jurídico español, dice el artículo 3.1 que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. Repasemos estos criterios de interpretación de la norma en relación al artículo 1.2 de la Constitución (mencionado anteriormente) y a las posibilidades de expansión democrática que permite Internet.

Si atendemos al sentido propio de sus palabras (criterio lingüístico), queda bastante claro que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. En cuanto a la relación con el contexto, como he expuesto más arriba, era necesario (en el 78) establecer un sistema de representación, en atención a maximizar democracia y gobernabilidad con los recursos existentes. Sin embargo, ¿cómo se interpreta eso hoy, cuando se hace posible un ejercicio más amplio de esa soberanía?. Sin duda, la realidad social (otro de los criterios de interpretación) es muy diferente a la de entonces. Aumentar la participación ciudadana, controlar y fiscalizar a los órganos de gobierno y el descrédito de los partidos son aspectos centrales de nuestra realidad política actual, del tiempo en el que tienen que ser aplicadas las leyes. Por último, el espíritu y finalidad (criterio teleológico) del artículo 1.2 de la CE, debe coincidir con los anteriores. De lo contrario, la involución democrática que estamos sufriendo no sería sólo de facto, sino también formal.

Siendo oportuno un desarrollo argumental mayor, creo que queda clara mi tesis, que se corrobora además en otros campos y derechos:

A la luz de los cambios tecnológicos y científicos que vivimos, junto a las aspiraciones sociales, el sistema actual y su funcionamiento no cumplen ni los requisitos mínimos democráticos que establecen las leyes sobre las que se pretende sostener. El ordenamiento jurídico se convierte en incompleto respecto del propio sistema que pretende regular.

Dicho de una manera mucho más simple: deberíamos estar elaborando y votando las leyes, entre todas las personas, desde ya y con todo derecho, con el derecho vigente.

Esta reivindicación, que he comentado y debatido ampliamente con gente que se autodefine tanto de izquierdas como de derechas, produce un efecto llamativo, pues muchos de los primeros se oponen a ampliar la participación y a distribuir más el poder, mientras que gran número de los segundos se muestran favorables. De este modo, se produce una fractura histórica, en esta materia, entre las relaciones semánticas izquierda-progresista y derecha-conservadora.

La explicación de estas disonancias cognitivas requeriría de otro texto aún mayor, pero se puede resumir en dos ideas: la importancia del elemento identitario cultural de cada persona (educación, lenguaje, símbolos, entorno…) a la hora de adscribirse a un marco ideológico y la posición de poder (absoluta o relativa) de la que se disfruta, que puede llevar a actuar, en la práctica, de un modo diferente al que se espera, en atención a una ideología declarada, incluso asumida.

Las posiciones conservadoras y progresistas reales, no las formales o aparentes, quedarán al descubierto en el debate y el progresivo avance de la participación social en política, en su defensa o en su ataque, y depararán muchas sorpresas.

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Hablando de “fraudes de Ley”…

Bueno, como anunciábamos, les hemos dejado tiempo suficiente a “los servicios jurídicos del estado” para que se escondieran. (¿Serán los Letrado de Cortes, que supuestamente son unas personas súper preparadas, que deben dominar el Derecho de arriba de abajo? ¿Serán Abogados del Estado adscritos al Ministerio de Interior, que algo saben? ¿O será una ocurrencia de alguien que no sabía cómo salir de esto?

Han venido a discutir “de leyes” y de Derecho, así que no nos queda más remedio que entrar al trapo. 

Veamos.

Al parecer todo esto se basa en la Constitución de 1978. Es el elemento esencial, lo que hace funcionar el sistema. Como somos Hackbogados, vamos a emplear metáforas. 

La Constitución viene a ser el sistema operativo con el que funciona el cacharro. El cacharro sería esta sociedad, y su Derecho. Hay distintos sistemas operativos. Windows, OS, Linux, etc. Unos cerrados, y otros abiertos. Unos funcionan mejor y otros peor. Y, señores de la autoridad, ustedes utilizan windows, que es una patata de sistema. O sea, el peor. Así que es un atrevimiento por su parte venir a molestar a unos hackbogados cuando su sistema operativo tiene grietas por todos lados. 

Bueno, pues, con todo y con ello, existe otra cosa que es aún más importante que el sistema operativo. Y es su lenguaje. Vendría a ser el código base del sistema, los 0 y 1 del binario. De eso también tenemos y, omo son ceros y unos, aquí no suele haber mucho problema. Suele funcionar siempre bien. 

Nuestro sistema binario legal está en los siete primeros artículos del Código Civil. Se dice que la Constitución es la norma superior, la Norma de todas las Normas, y tal y tal. Vale, pero el título preliminar del CC contiene las normas de las normas. Cómo, qué, de dónde, quién, cuándo.., es decir, el código base del derecho. En sus siete primeros artículos se encierra el derecho de las normas. Como comprenderán, sin ellos no funciona nada

Y en estas que van estos señores y, ante lo que esta pasando o puede pasar, nos invocan…

  • El artículo 7:

1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Sí, señoras y señores, nos acusan de cometer fraude de ley. O de incitar o de algo así. 

Pues no. ¡So listos!. 

Día 25 de septiembre. Un día como otro cualquiera, un martes, laborable y hábil, a efectos administrativos. 

Un señor, decide acercarse por la calle de Jovellanos, proveniente de la calle Madrazos hasta el Registro Público de entrada de documentos del Congreso de los Diputados. O por la calle Marques de Cubas, igualmente hasta la calle Cedaceros, que es la calle de atrás del Palacio del Congreso de los Diputados. Lo que se ve en las imágenes se llama Carrera de San Jerónimo, aunque en los mapas también es Cedaceros. Como por la calle va quien quiere, no tiene que pedir permiso a nadie, andaba este señor paseando por la calle Alcalá y le ha parecido bien pasarse por allí. 

Él sabe que el Registro está abierto los días laborables de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, siempre, porque ha ido otras veces. Se ha acercado con sus papeles, ha ido al mostrador correspondiente, le han sellado su copia para acreditar su entrega y una vez registrado el documento, ha dado los buenos días y se ha vuelto a donde ha querido. Sin ningún problema. Eso lo ha hecho incluso el día 13 de diciembre de 2011, que era el día en que se constituían las Cortes. Bueno, ese día, la verdad, no pudo entrar en el Congreso, según le dijeron los policías, por motivos de seguridad, pero que no se preocupara, que un compañero se los entregaba en el registro y que esperara detrás de unas vallas. El señor educadamente esperó. La policía, muy amable, le trajo a donde esperaba sus documentos debidamente registrados, les dio las gracias y se marcho tan feliz. Diez minutos, como mucho. 

La primera sorpresa que puede encontrarse es que no le dejan acceder a la calle Cedaceros. Hay un control policial. Vallas y hombres vestidos con un uniforme azul, armados. El señor, aunque asustado, decide acercarse a los uniformados. Como los uniformados resultan ser policías nacionales, se identifican con su número de placa ante el ciudadano y amablemente le explican que los jefes, por motivos de seguridad han cerrado la zona, ya que en estos tiempos hay muchas manifestaciones por los alrededores y a los diputados esos les molesta. 


El señor pregunta que si él no puede andar por una vía pública, le parece que se está incumpliendo el artículo 19 de la Constitución, un derecho Fundamental. Dice así: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.”

“Parece que por motivos políticos el derecho se prohíbe”, piensa el señor, pero le dice el policía que por motivos políticos o ideológicos no, que es por motivos de seguridad. Es más, los ciudadanos que viven dentro de la zona vallada pueden pasar tras acreditar que viven allí.

 “Ah, pues muy bien, dice el ciudadano, o sea, que el derecho a circular y residir no se ha impedido totalmente, sino que a algunas personas, por causas justificadas, les dejan ustedes pasar”

– “Si señor, claro, solo es por motivos de seguridad, para que los ciudadanos no organicen manifestaciones cerca del Congreso”

– “Ah. Bien, pues verá usted, agente, yo tengo una causa justificada para que usted me deje pasar. Resulta que tengo que presentar un documento en el registro del susodicho Congreso, y que sólo puedo presentarlo allí, porque según los CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN POR LOS REGISTROS DEL REAL DECRETO 772/1999, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, LA EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS Y DEVOLUCIÓN DE ORIGINALES Y EL RÉGIMEN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO, dictados por el Ministerio de la Presidencia , en concreto por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a través de su Dirección General para la el Impulso de la Administración Electrónica, que dice en su punto 2.1.1. que :

Inadmisión de solicitudes no dirigidas a las Administraciones Públicas


La única circunstancia que justifica este rechazo es que la solicitud, escrito o comunicación no se dirija a órganos de cualquier Administración Pública o a alguna de las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ellas.
El rechazo debe producirse cuando su destinatario sea alguno de los siguientes:

1º) Alguno de los poderes del Estado u órganos constitucionales: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo* y Tribunal de Cuentas, así como las instituciones afines a alguno de ellos existentes en las Comunidades Autónomas.
(*) Se admite cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones, dirigidos al Defensor del Pueblo, en los registros de las unidades administrativas orgánicamente integradas en el Ministerio de Administraciones Públicas a tenor de lo establecido en la Resolución de 18 de septiembre de 2007 (BOE 4-10-2007) por el que se publica el Convenio Marco de colaboración entre en Ministerio de Administraciones Públicas y el Defensor del Pueblo.

2º) Los órganos legislativos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas: Cortes Generales y Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

“Así que mire usted, qué faena, por lo visto esta instancia antes se podía presentar en los registros de las delegaciones de gobierno o en cualquier ventanilla de la administración, y ahora no se puede. Vamos, que no te lo admiten, que nos dicen que solo lo podemos presentar aquí”.

El señor le enseña el documento al policía, y éste comprueba que está dirigido efectivamente a una comisión del Congreso, que está correctamente cumplimentado, y que está identificado el presentador y firmado. El policía le dice que espere un momento, que tiene que consultarlo. 

Mientras, el ciudadano piensa que si tan grave está la cosa, y se restringe derechos fundamentales durante días y días, como es el derecho a circular, por qué diablos no han decretado el Estado de Excepción y lo han publicado en el BOE, que para eso está la ley que regula la suspensión de derechos fundamentales y el BOE, y así se hubiera él enterado de que no se puede circular libremente por Madrid. Ahora, sin embargo, parece que se ha pegado un paseo en balde, o al menos que va a tardar más tiempo del que él preveía en una solemne tontería como es registrar un documento en un registro administrativo. 

“¿Se estará cometiendo un fraude de ley por el Ministerio de Interior, que en vez de solicitar el estado de excepción, se ampara en normas de seguridad y orden público para suspender los derechos constitucionales de un montón de ciudadanos sin limite ninguno y sin ninguna garantía? ¿Cuantos días lleva esta zona así, vallada y sometida a restricciones? Eso con el estado de excepción, tiene límites…“, se queda pensando el señor.

En esto que vuelve el policía y le dice al señor que no puede presentar el documento, que está incurriendo en fraude de ley, y que él lo que quiere es tomar el Congreso. Que si no conoce el artículo 77 de la Constitución:

  • Artículo 77

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.”

El señor se queda un tanto extrañado. Y le dice al policía que él es un ciudadano, una persona, no un manifestante, y mucho menos sabía el que por si solo podía ser toda una manifestación. El policía le dice que mire para atrás. Sorprendido, el señor descubre una cola de ciudadanos detrás de él. ¿¿¡¡??

– “Pero … ¡que diablos…! ¡Oigan! ¿ustedes quienes son y que quieren?”

“Somos ciudadanos, igual que usted, y veníamos al registro, igual que usted, a presentar unos documentos”, gritan todos al unísono.

El ciudadano comienza a impacientarse. Y se dirige nuevamente al policía.

– “Vamos a ver, señor, yo venía aquí a ejercer mi derecho fundamental, el del artículo 29”

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.


“Y lo vengo a ejercer, como usted puede comprobar, con la ley en la mano, su ley reguladora. La Ley Orgánica 4/2001, que dice que todos, autoridades y funcionarios, están obligados a facilitar el ejercicio de mi derecho, y que en caso de las cortes, solo por escrito. Y aquí traigo yo mi escrito. Y si no , ¿cómo lo hago? Mire usted , señor agente, yo soy u individuo y vengo a ejercer un derecho subjetivo, personalísimo.

Artículo 4. Formalización.

1. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición.
2. En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos.
3. El peticionario podrá dar cuenta del ejercicio de su derecho a institución u órgano diferente de aquél ante quien dirigió la petición, remitiéndole copia del escrito sin otro efecto que el de su simple conocimiento.
4. Los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de sus datos.

– “No se quién le habrá dicho lo del fraude de ley, y lo del artículo 77, pero como usted comprenderá, se refiere a manifestaciones que pretendan entrar a lo bruto en la cámara, del verbo pegarle una patada a la puerta de los leones, entrar pegando gritos y pedir algo. O incluso organizar una manifestación y pedir algo así, todos a la vez, a grito pelao.

Y yo eso lo entiendo, está prohibido por la misma Constitución. Pero es que yo, ni me estoy manifestando, ni presento nada directamente. 

Lo que quiero es presentar un escrito, indirectamente, de acuerdo a los procedimientos legales establecidos, o sea, mediante un escrito, y encima, para más coraje, resulta que se trata de un expediente que está abierto desde junio de 2010, al que Sus Señorías de los dos partidos mayoritarios no dejan ni acceder a los diputados de los demás partidos, y tiene cachondeo encima que me digan a mí que yo pretendo cometer un fraude de ley, cuando ellos tienen oculto el expedite hasta frente al propio Congreso. 

Así que no, no pretendo cometer ningún fraude de ley. Y si todas esas personas que están detrás de mi haciendo cola, quieren presentar su papel en ese expediente, no tienen otra forma de hacerlo que por escrito, y hacerlo como yo lo estoy haciendo. Si ustedes me impiden presentar esto, diciendo que yo me estoy manifestando, y que no me lo admiten, y que el registro está cerrado o algo así, entonces los que están cometiendo un fraude de ley son quienes les hayan ordenado no dejarme presentar mi escrito

Mi escrito es estrictamente individual. Personal. Y el de los demás, pues me imagino que igual. Y si usted lo que quiere es evitar una aglomeración, lo que tienen que hacer, ya que al parecer sabían ustedes que iba a venir mucha gente, es provenir a esa incidencia, y poner más sellos y mas funcionarios para atender bien al público. 

Sino, lo que está sucediendo es que al amparo de una norma, el artículo 77 de la Constitución, ustedes están cometiendo un fraude de ley como un templo, impidiendo que los ciudadanos, en un día normal, ejerzamos un derecho fundamental normal, en un registro que normalmente funciona normalA menos, que hoy, y al parecer más días, aquí nada esté funcionado “normal”.

Así que, como efectivamente dice el Código:

“Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso” este acto de impedir que cualquiera presente su documento supone un abuso por parte de no se que autoridad, y como parece que tiene como único fin impedir el ejercicio de un derecho, le exijo que tomen las medidas que correspondan para impedirlo, las medidas que sean pertinentes para que yo pueda ejercer mi derecho, ya que yo lo que quiero es irme de aquí, pero y pues no me voy a ir sin que me sellen esto, y que me lo sellen con el sello del órgano al que va dirigido, único que me garantiza que se unirá al expediente. 

– “Y dígame usted que yo no soy yo, que no estoy ejerciendo un derecho fundamental y que ustedes no están vulnerando la legalidad hasta el punto de cometer un delito contra mi persona. Por favor, no me enfade, porque son los señores que hayan dado la orden los que van a propiciar un daño, no yo, ni los demás ciudadanos que hay en la cola, sino ustedes, al hacer la cola eterna. Puede pasar que yo me vaya a poner una denuncia, penal, e incluso que demande al responsable de esto, que me he gastado un dineral en venir a Madrid, y resulta que no puedo hacer lo que he venido a hacer. 

A ver, dígame usted qué hago yo para presentar mi escrito hoy y ahora. Y no se le ocurra mandarme a otro registro, porque de allí vengo, ya se lo he dicho. Pero vamos, vamos, dígame, como lo hacemos. Una petición individual, de muchos ciudadanos, ¿cómo lo hacemos? ¿Otro día? ¿Van a dar número? ¿Solo puede venir una persona al día?”

Fraude de ley. Manda…..

 

PD.1: Este es un blog particular que refleja sólo las ideas y opiniones de sus autores.

PD.2: Nótese el tono humorístico de esta entrada. Respetamos que esta iniciativa no sea compartida, al igual que esperamos que respeten el que la expresemos aquí y así. 

 

¿El Gobierno pretende perturbar el normal funcionamiento del Congreso el #25S?

Aquí, dos humildes juristas lanzan un día una idea: aprovechar el #25S para llevar peticiones de Democracia 4.0 al Registro del Congreso. Cuál es nuestra sorpresa cuando, días más tarde y tras una muy buena acogida de la propuesta, nos enteramos de que la abogacía del Estado se encuentra seriamente preocupada porque “miles de personas se presenten, el 25 de septiembre,  debidamente identificadas y con un par de copias del texto de petición de Democracia 4.0, en el Congreso”.

De este notición nos enteramos por un artículo en Noticias Terra y -sorpresa, sorpresa- por el diario La Razón, cuya redactora ni siquiera se ha molestado en contrastar que este blog expresa exclusivamente las opiniones de sus autores, no formando parte de ninguna plataforma o coordinadora del #25S. Muy por el contrario, arriesgada ella, se atreve a hacer extensiva nuestra idea a “los convocantes de la concentración”.

Leemos ojipláticos que los abogados del Estado argumentan que esta maniobra se puede considerar fraude de ley, interpretando el artículo 77.1 de la Constitución, que dice que “las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas”.

Ahora recapitulemos, porque la imagen completa del esperpento institucional de cara al #25S lo merece.

Primero, en la manifestación del 15 de Septiembre, detienen a 4 personas porque no se dejaban robar una pancarta, un trapo, simplemente porque era suyo, porque no tenían ningún motivo ni obligación de dejar que se lo quitasen.

Días más tarde, un grupo de policías irrumpe en una reunión de un grupo de personas, en un parque, sin peligro de que se produjesen daños sobre personas o bienes, por lo que NO era preceptiva la comunicación, y se ponen a identificar a todo asistente, violando flagrantemente el Derecho Fundamental de Reunión. Probablemente hubiese grupos de turistas más numerosos allí congregados.

Ayer, viernes, se notifica a parte de los participantes en aquella reunión que se les imputa un delito de resultado cuyo resultado aún no se ha producido. Se acaba de acuñar el primer caso cañí de pre-crimen, a lo Minority Report, a lo “ataque preventivo”. Sin embargo, se cita a los imputados para declarar el día 4 de Octubre, con lo que tenemos: personas que asisten a una reunión, a las que se identifica con claro abuso de poder, a las que se le imputa el día 21 un delito que presuntamente van a cometer el día 25, pero a las que se deja en ¿libertad para cometerlo? fijando la declaración para 10 días más tarde. Esperpéntico.

Pero seguimos…

El delito por el que se imputa a los presuntos “organizadores del #25S” es el tipificado en el artículo 494 del Código Penal, cuyo requisito indispensable, más que la aglomeración en sede parlamentaria, es la perturbación del normal funcionamiento de la Cámara.

Cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos ya dos artículos en prensa (supra) que afirman que el Ministerio del Interior planea no permitir a la gente acceder al Registro del Congreso de los Diputados, que ese día está abierto, para entregar la petición de Democracia 4.0. Es decir que ¡es el propio gobierno el que está perturbando el normal funcionamiento del Congreso!

Y ya pueden todos los abogados del Estado aducir que no se puede hacer una manifestación para entregar peticiones, porque, oigan, es que la manifestación va de otra cosa, de pedir la dimisión del Gobierno y un proceso constituyente, mientras que la petición de Democracia 4.0 pretende implementar el voto ciudadano en el Parlamento. Como ven, no hemos organizado una manifestación para ello. No cabe aplicar el artículo 77.1 de la Constitución, sino el 29, más importante incluso, y cuya Ley Orgánca permite claramente realizar el acto administrativo.
Pero, es más, si los abogados del Estado se hubiesen molestado en leer el texto de petición de Democracia 4.0, se darían cuenta de que es un acto personalísimo de disposición de un Derecho Fundamental subjetivo, de cada persona, y que incluso se menciona, en la petición, el derecho a la protección de los datos y la intimidad del peticionario. ¿Se puede calificar a la suma de varios actos individuales y personalísimos como una manifestación? Sería como afirmar que aquéllos que acuden el mismo día a votar lo hacen en manifestación. Una locura. Ridículo.

Eso sí, fíjense cómo ha cambiado el discurso de medios como La Razón. Ha pasado de denunciar lo que iba a ser un golpe de Estado violento a alertar sobre miles de individuos “debidamente identificados que pretenden hacer entrega de un par de formularios administrativos”. Y es que, cuando para defender intereses propios se renuncia a todo sentido común, más temprano o más tarde termina uno poniéndose en evidencia.

Aclaraciones sobre la idea de ocupar (burocráticamente) el Congreso

Nos hemos quedado francamente sorprendidos por la repercusión que, en tan solo 24 horas, ha tenido la entrada de ayer sobre la entrega masiva de formularios de petición “Democracia 4.0” el #25S. Sobre todo, partiendo de la base de que éste no es un blog muy frecuentado y la difusión que se hizo no pasó de un puñado de tuits y algún post en facebook. Sencillamente, ha sido la idea la que se ha viralizado, compartiéndose a gran velocidad (25.000 visitas a la entrada en 24 horas).

Lo que nosotros planteábamos ayer es eso, una simple idea que nos surgió cuando algunas personas nos preguntaban sobre qué hacer el día 25 estando allí, valorando los posibles escenarios, la presencia policial o el número de gente que pudiera asistir a la convocatoria. Si la publicamos es porque, desde que surgió, ha tenido una gran aceptación, por peticiones expresas.

Ahora bien.

Nos han llegado algunas quejas sobre lo que proponemos y creemos conveniente hacer varias aclaraciones. Sobre el contenido en sí de Democracia 4.0 o valoraciones acerca de entregar peticiones el #25S no vamos a entrar. Respetamos profundamente que no se compartan, que no se vean o que no se aprueben por algunas o muchas personas. La propuesta es clara y no queremos, no hace falta, convencer a nadie.

Del mismo modo, nos parecería un error obviar la gran difusión, completamente espontánea, que ha tenido. Señal inequívoca de que ha entusiasmado a una gran multitud. Por ello, y porque consideramos internet y sus redes como asambleas abiertas, permanentes y deslocalizadas, creemos que no se debería despreciar o pasar por alto esta acción. O, al menos, que es completamente legítimo que cada un@ la siga o no en función de su propio juicio.

Por todo esto, queremos recalcar que no estamos lanzando una convocatoria “oficial”, ni mucho menos pretendemos torpedear o entorpecer el trabajo de los grupos que están organizando la cita del #25S. Nuestro máximo respeto y apoyo a su trabajo. Simplemente compartimos una posibilidad, como el que aporta su visión en una asamblea, pero colgándola en nuestro blog.

La base sobre la que nos asentamos es el puro y mero Derecho Positivo, nuestro Ordenamiento Jurídico, amén de la experiencia propia en la realización de acciones parecidas, con la obvia salvedad de la repercusión mediática y la cantidad de gente que se espera para el 25 de Septiembre. Lo que exponemos es una iniciativa que, con la Constitución, leyes y reglamentos en la mano, es teóricamente viable. Somos juristas y, por lo tanto, trabajamos y pensamos con y en las leyes. Cómo utilizarlas y sacarles el máximo partido para defender nuestros derechos.

No pretendemos por ello transmitir a la gente una falsa idea de infalibilidad. Si la entrada anterior la dio, pedimos disculpas. Y decimos esto porque hemos recibido alguna crítica por poder hacer creer que el portar un documento administrativo al Registro podía hacerles invulnerables a cualquier acción policial. Verán, la legislación les reconoce el derecho a hacerlo, pero no es indiferente a otros acontecimientos que se puedan dar ese día. Valoramos un escenario muy complejo, con muchos factores que pueden determinar resultados muy imprevisibles. Existe el riesgo de que el perímetro de seguridad que fijen las autoridades se aleje varios cientos de metros de la entrada al Registro, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Eso, sencillamente, no lo sabemos nosotros, ni los organizadores, ni los asistentes, ni la policía ni la subdelegación de gobierno.

Lo que expusimos ayer es, por tanto, una idea de cómo justificar jurídicamente la permanencia de muchas personas en las inmediaciones del Congreso. Una acción que, por su naturaleza, acaba con cualquier difamación acerca de lo violento del #25S, que rompe los esquemas preconcebidos del gobierno o de la prensa sensacionalista. Un “hackeo”. Y desde ese prisma es desde donde lo encontramos útil e interesante. En el trasfondo, la idea de reclamar una apertura del Congreso a la participación de toda la sociedad utilizando un auténtico Caballo de Troya jurídico.

Bajo ningún concepto lo consideramos temerario, o más temerario que la propia convocatoria del #25S. Todo lo contrario. Pensamos que reduce, aunque sea mínimamente, el riesgo de encontronazos con la policía. Que algunos lo entiendan y otros no, eso ya es pura casuística, imposible de determinar. De todas formas, es innegable que, de cara a los medios que asistan y a las imágenes que se tomen y difundan durante ese día, una secuencia de una persona explicándole a un policía que sólo quiere llevar a Registro una petición, y que si no puede entrar, por favor, que se la acerque él, tiene un efecto bastante positivo de cara a la narrativa del propio evento, a su impacto mediático y social.

Por último, reseñar que los autores de este blog consideran que toda idea y todo conocimiento es libre, aprehendible y modificable por todo el mundo. Hemos ofrecido una opción desde nuestra humilde condición de juristas y hacktivistas; ahora corresponde a cada un@ valorarla, secundarla o desecharla en función de su propio sentido común.

#25S, ¿cómo tomar el Congreso de verdad y que no puedan desalojar?

(ATENCIÓN. Toda la información sobre la acción, ordenada y sistematizada, en http://demo4punto0.net/es/25s)
El Poder está nervioso ante la cita del 25 de Septiembre. Nadie, si siquiera los organizadores, saben qué pasará o cuánta gente asistirá a rodear el Congreso. Lo que sí está claro es que se ha iniciado una campaña de criminalización contra los que promueven la iniciativa, como hemos podido comprobar con la detención de 4 activistas por el mero hecho de portar una pancarta, o con la irrupción de la policía en una asamblea preparatoria en el parque de El Retiro.
A tenor de lo que se escucha en los medios o de las declaraciones de algunos políticos, se prevé que el despliegue policial sea fuerte y que no les tiemble el pulso a la hora de desalojar las inmediaciones del Congreso, de la manera que sea. Sin embargo, hay una jugada que no se esperan, un hackeo que puede darle la vuelta a la tortilla y convertir a la policía en un servidor público, en vez de en una máquina de reprimir al servicio del gobierno.
Hablamos de rodear/ocupar/liberar/tomar el Congreso, en sentido más o menos figurado, pero puede hacerse literal, utilizando, además, la propia burocracia administrativa. Verán…Existe una iniciativa de base jurídica, cada vez más conocida, consistente en demandar, utilizando el Derecho Fundamental de Petición (art. 29 CE), el voto telemático (vía internet) en el Congreso de los Diputados o cualquier cámara legislativa: Democracia 4.0. Las repercusiones que puede tener la implementación de un sistema así son cmparables con una toma real del Parlamento. Una reconquista de la soberanía por parte de l@s ciudadan@s. Pero, es más. Tal y como están configuradas las leyes, una petición masiva, multitudinaria, puede producir los mismos efectos que se persiguen con la convocatoria del #25S, llamar poderosamente la atención de los medios y, al mismo tiempo, cumplir escrupulosamente las normas.
Lo explicamos mejor:En un principio, se permitía hacer entrega de la petición por una Democracia 4.0 en cualquier registro de una administración pública. Por eso, desde la web http://www.demo4punto0.net, animábamos a la gente a hacerla efectiva en las Delegaciones de Gobierno. Curiosamente, a partir del verano de 2011, el Ministerio de Administraciones Públicas (con Manuel Chaves a la cabeza), prohibió que se siguiesen aceptando peticiones (quizás comenzaban a llegar demasiadas), forzando a la gente a hacer la entrega personándose en el Registro del Congreso de los Diputados o enviándola por correo certificado al mismo.
Lo que pretendía dificultar las entregas de peticiones se convierte, de cara a la convocatoria Rodea el Congreso, en una poderosa estrategia.
¿Qué pasaría si miles de personas se presentan el día 25 de Septiembre, debidamente identificadas y con un par de copias del texto de petición de Democracia 4.0?
Pues que la policía, en vez de disolver la concentración, debería garantizar que cada persona pudiese ejercer su Derecho Fundamental. Y, si bien es cierto que en condiciones especiales (por ejemplo de aglomeración), el acceso al Registro se restringe, es la propia policía, como funcionariado público, la que tiene la obligación de recoger las peticiones y entregarlas en el Registro, devolviendo una copia sellada a cada solicitante.
¿Serían capaces de entorpecer el ejercicio del Derecho del artículo 29 de la Constitución? Entonces estarían incurriendo en el delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal:

Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

Luego, al anunciarle al funcionario-autoridad, “el señor policía”, que uno sólo está tratando de ejercitar un derecho, por escrito, única forma que permite la ley reguladora de tal derecho, y a la vista de que no puede presentarse el escrito en ningún otro registro (prohibido expresamente por el Ministerio de Administraciones Públicas), y que usted, ciudadano, ha ido allí exclusivamente para eso, o le deja pasar, o no tendrá más remedio que presentar una denuncia. Esa denuncia, además, se podrá formular verbalmente ante el compañero del policía que este al lado.

Como eso es un lío, el policía insistirá en que se vaya a otro registro, y el ciudadano, siempre con muy buenos modales, insistirá en que eso no es posible, que ya lo han intentado, y que por eso están aquí. La entrega de la Petición es como si se presentara una denuncia en un juzgado o en una comisaría,  por lo que es impensable que el señor que se ocupa de la seguridad diga que no se puede pasar ni presentarlo.
Si después de explicarle al funcionario-policía todo esto, continúa sin facilitar el acceso al Registro, se le puede pedir que, si es tan amable, ponga su firma en el escrito, con la indicación de que lo presente donde él diga, por lo que se estará haciendo responsable de que el documento llegue al expediente correspondiente. Eso sí, será necesario que se identifique en el escrito, indicando al firmar que es autoridad.Como esta solución es bastante improbable, por extraña, nos remitimos a las dos experiencias anteriores de una maniobra similar: el 13 de Diciembre de 2011 o durante el #12m15m de este año. En casos como este, lo normal es que sea la policía la que recoja los formularios, los entregue en el Registro y devuelva a los peticionarios una copia sellada.

Y claro, si todos los ciudadanos comienzan a juntarse ordenadamente alrededor del Congreso, de la puerta de acceso al Registro, y todos portan el documento por duplicado, y todos dicen que quieren presentar un escrito, que es individual y personal de cada uno, que no se mueven hasta que su intransferible y personalísimo escrito esté sellado, ya está el problema organizado.

No puedes decirle a un ciudadano que va a presentar un documento en un Registro Público que no puede. El ciudadano tiene derecho a presentar lo que le de la gana. Y si existe un problema de seguridad o de orden público, que en este caso no existe, simplemente hay muchos ciudadanos haciendo cola, una cola tan grande que lo ocupa todo, pues no puedes ni disolverlos. Cualquier cosa que no sea facilitar que el ciudadano presente su escrito y se le devuelva sellado, supondrá cometer un delito. 

Todo esto puede parecer una broma, pero si ustedes hacen que sean miles o cientos de miles, tendrán la excusa perfecta para permanecer allí todo el tiempo que sea necesario para presentar los escritos por parte de la probable multitud. Simplemente, los primeros mil ciudadanos que se planten ante la puerta y sus mil papeles, supondrán un montón de minutos negociando tal cosa, y después recogiendo todos los documentos de los allí presentes cercanos a la puerta. Cuando haya un número considerable de escritos acumulados, pues se le da al policía. Éste, u otra persona, entrará y tardará un rato en salir con todos los papeles sellados, que tendrá después que repartir a cada persona, para lo que habrá que llamar uno por uno a cada peticionario. Así, cuando lo primeros mil (por ejemplo) hayan logrado eso, se apartan, y dejan paso a los siguientes mil.

Si lo organizan bien, no sólo tendrán garantizado el éxito de esta humilde propuesta sino que, si además guardan silencio y logran mantener la necesaria pose de seriedad en sus actuaciones, se partirán de risa. Porque hacer esto, educadamente y con la seriedad que merece, no es ninguna broma. La risa viene de las caras que pondrán los policías (y sus señorías, si llegan a enterarse).

Por cierto, cuando alguien, algún policía, que seguro que le puede la curiosidad, les pregunte que contiene el documento, y que de qué trata, díganle que

“el documento contiene la toma del Congreso por los ciudadanos, ¿o se cree usted que vamos a tomarlo por la fuerza o alguna imbecilidad de ese tipo? No señor, lo vamos a tomar por escrito. Ríase, ríase, pero pregunte usted a los señores de dentro del edificio si conocen de qué trata esto del documento y de la Democracia 4.0, de su ejercicio mediante el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, y verá como al señor de dentro del edificio no le hace ninguna gracia. Es más, esto es algo que ha sido casi secreto hasta hoy, ya que los señores de ahí dentro han tratado de impedir que esto saliera a la luz pública. Pero verá usted, señor policía, cómo se le hiela la sonrisa al señor de ahí dentro cuando escuche hablar de esto. Por eso, sí, en realidad hemos venido a tomar el Congreso, y lo vamos a tomar , pero  de manera que ellos no puedan usarles a ustedes para impedirlo. Igualmente comprenderá usted que esto no se toma unas horas o en un día. Pacífica, legal y administrativamente. ¿A que con esto no contaban ni se lo esperaban? ¿Quiere usted leer de qué va la cosa?”
A veces hace falta darle una vuelta de tuerca a las acciones de protesta. Jugar con la legislación, maximizar las posibilidades que se esconden en cada artículo y, con el factor sorpresa, dejar en fuera de juego a las autoridades y a su discurso del miedo.Dejamos los enlaces a los documentos y a las normas:

  • Documento a imprimir y rellenar por cada ciudadano, y a portar junto con su DNI en el momento de acercarse al Congreso:

http://www.demo4punto0.net/es/node/2

Hay cuatro modelos, dos rellenables en el ordenador y dos para imprimir.

  • Este es el pdf, para que todos puedan imprimirlo y rellenarlo, lo más cómodo y distribuible:

http://www.demo4punto0.net/sites/default/files/Petición%20abreviada_0.pdf

  • Esta es la documentación original, la que pueden enseñar a la policía:

http://www.demo4punto0.net/sites/default/files/resolucion%20del%20congreso.pdf

Junto con el texto íntegro de la petición, adjunto en un archivo pdf .

  • Y claro, la ley, que es cortita y pueden llevarla algunos impresa en la mano también, y enseñársela a los de seguridad :

http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/13/pdfs/A41367-41370.pdf

RECUERDEN: PUEDE SER PRESENTADA ESE DÍA, SIN PROBLEMA. DEBEN FACILITARLES SU PRESENTACIÓN. Y NO OLVIDEN MANTENERSE SERIOS (Y AGUANTANDO LA RISA QUE LES ENTRARÁ POR DENTRO CUANDO VAYAN VIENDO SUS REACCIONES)

PD: Si hacen circular esta idea, y le dan difusión, se reirán mucho ese día, sobre todo si la gente la pone en práctica. Además, puede proporcionarles protección frente a lo que pueda o quieran que pase con los ciudadanos que se acerquen por allí.