Podemos hacer algo nuevo. Podemos hacerlo mejor.

estructuraAcaba de ver la luz la primera propuesta de organización y estructura de Podemos, en ese transitar desde un movimiento difuso de desborde con vocación electoral hacia un partido consolidado. O, al menos, esa es la primera impresión que da este borrador. Huelga decir que es un  boceto que, desde su presentación, está abierto a comentarios y enmiendas, y es que, en procesos colaborativos de desarrollo de contenidos, más vale no empezar desde cero, si se quiere llegar a algún puerto.

 

Antes de entrar en el articulado, es de destacar la múltiple referencia que se hace a los requisitos de inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior, cuya rigidez se utiliza, primero, como excusa a la hora de definir elementos asociativos que, en la primera fase de Podemos, eran difusos y que, ahora, se pretenden definir y delimitar mucho más. Además, se hace mención a una necesaria diferencia de ¿estilo? entre el lenguaje que se empleará en el debate político y aquél con el que se formalizarán las modificaciones registrales, al que se define como “más técnico”, algo que, como jurista, no termino de entender.

 

A mi juicio, uno de los elementos más interesantes de la experiencia Podemos era el  instrumentalizar una forma juridica (la de partido), sin pretensión de seguir, en su funcionamiento cotidiano, los preceptos legales que  la regulan. El Derecho no es algo neutro. Los modos de organizarse que se proponen responden, primero, al contexto histórico en el que se redactan las normas y, segundo, a las estructuras y superestructuras consideradas hegemónicas en ese contexto. Si de verdad se quiere ir más allá de lo que hay hasta ahora, la primera máxima que hay que aplicarse es no dejarse condicionar por este tipo de regulaciones jurídicas puesto que, de lo contrario, su capacidad performativa irá preconfigurando la forma asociativa que interesa (para perpetuar el modelo actual).

 

Si Podemos es un instrumento de la gente (que  lo conforma) no debe responder más que a la voluntad de esa gente, a pesar de que, a efectos de poder concurrir a las elecciones, utilice una máscara formal. En definitiva, eso es lo que hacen también partidos como el PP y el PSOE, pero justo en la dirección opuesta. Parten de los criterios legales, pero en la práctica los deforman en el sentido de favorecer los núcleos de poder, el clientelismo y la oligarquía interna.

 

Una vez advertido el riesgo de caer en un absurdo e innecesario rigorismo legalista, pasemos a analizar el articulado de la propuesta.

 

La propuesta  que hoy se ha dado a conocer tiene puntos realmente innovadores, en una buena dirección: facilitar la participación directa, adaptativa al tiempo y a las ganas de cada persona, utilizando para ello las herramientas informáticas de las que ya disponemos, pero sin olvidar otras vías presenciales. En la misma línea, hay un decidido intento por evitar que surjan Reinos de Taifas territoriales,  que desvirtúen el peso equitativo que cada persona (y cada voto) debe tener en una organización de base democrática. Al mismo tiempo, se pretende superar el modelo de barones territoriales que se ha cultivado, por ejemplo, en el PSOE.

 

El riesgo inherente a esta formulación radica en que no se tenga la suficiente sensibilidad como para comprender realidades territoriales específicas, y que la línea política marcada a nivel estatal pase por encima de éstas. A pesar de que en la propuesta se aluda al papel de “traductores” de los círculos, a la hora de adaptar esta línea política a sus territorios, se deja un espacio bastante amplio, difuso, a la interpretación de en qué consiste esa tarea de “traducir”, de cuánta autonomía se dispone.

 

El sustrato de esta participación individual e irreductible es el nuevo concepto de “afiliado” que se propone. Se aprecia un viraje, desde una militancia abierta, abstracta y potencial de todo el mundo (que se materializaba en las votaciones en las primarias), hacia un primer intento de definir un contorno y una identidad a la figura del afiliado. En principio, el no pago de cuotas y la posibilidad de obtener el código informático necesario para participar en las votaciones y otros procesos internos, invita a pensar en que la institución de esta figura del afiliado responde a un requisito legal (por ejemplo, para poder ejercer los derechos relativos establecidos en la Ley de Partidos), así como a un mecanismo de validación de las votaciones (para que no vote más de una vez cada persona, por ejemplo) y otros procesos.

 

Es indiscutible la motivación y la utilidad de esta figura del “afiliado”, pero transforma, irremediablemente, la lógica de desborde que, hasta ahora, se había seguido. Máxime cuando se exige a cada afiliado que comparta el 100% de los principios éticos de Podemos. En este sentido, puede pasar que una persona afirme compartirlos, aunque no lo haga, con el mero objetivo de poder acceder al estatus de afiliado. Pero también, por otra parte, puede ser que haya gente que decida no entrar por no compartirlos todos, con lo que se perdería un activo importante por seguir una lógica de “bloque”, sin reparar en que, puede interesante (y hasta  necesario) contar con el apoyo y la implicación de personas que compartan un 80%. Es ilusorio pensar que todos los votantes que ha tenido Podemos (incluso entre sus participantes) comparten el 100% de ese borrador de principios éticos. Quizás sería más adecuado continuar buscando un máximo de factores comunes, por cada tema que se trabaje, en lugar de fijar ya un bloque de mínimos que dificulte geometrías variables y remezclas políticas.

 

Prosiguiendo con el análisis, hay que hacer una parada obligatoria en el punto 9º, donde se atribuye a todos los miembros de Podemos la facultad de decidir sobre todos los aspectos que afecten a la organización (líneas de acción política, objetivos organizativos, vías de financiación, representación, acciones jurídicas, etc.). Sin embargo, reza textualmente en punto que esa atribución puede ser sustituida por los órganos en los que se delegue, sin determinar (ahí) cómo se produce esa delegación, si es explicita o tácita, diferencia determinante.

 

Los mecanismos de delegación a los que alude ese punto supongo que son los que configuran a los órganos colegiados que se detallan a continuación. Así, como primera valoración que nos sirva para presentar, después, una evaluación más detallada, se puede afirmar que el peso de los cargos representativos es ciertamente elevado, muy cercano al de otros partidos de corte clásico. A pesar de que se establece que “la participación y decisión de todos los miembros de Podemos a través de refrendos será la que garantice en última instancia la acción coherente, coordinada y responsable de la organización” (SIC), no se establece claramente cuál es el mecanismo para convocar esos referéndums, si se pueden activar desde los afiliados o si corresponderá sólo a  los órganos de dirección el convocarlos.

 

Detecto, en general, contradicciones y elementos que no terminan de encajar, sobre todo los referentes a la temporalidad y al papel de los Consejos y la Asamblea General. Se supone que es ésta  la que determina la dirección política y la configuración del resto de los órganos, pero se la relega a aparecer cada 3 años, algo que, en honor a la verdad, es habitual en el común de las organizaciones políticas. El problema es que, en los lapsos de tiempo entre Asambleas, el órgano denominado Consejo Ciudadano, de corte representativo, adquiere amplias facultades de interpretación y adaptación de los mandatos de la Asamblea. Esto, sin contar con mecanismos expresos de desrepresentación, convierte a la relación entre estos “consejeros” y los afiliados en una representación forzosa, institución-vestigio de una política que se pretende renovar.

 

El mismo desajuste temporal sucede a la hora de definir las tareas de un órgano de dirección un tanto extraño: el Consejo de Coordinación, propuesto (osea, definido) por el único Portavoz estatal. Dice la  propuesta que este Consejo realizará la misma tarea de adaptación e interpretación de los mandatos de la Asamblea cuando el Consejo Ciudadano no esté reunido (?), algo que me cuesta entender, ya que, hoy día, no hace falta que 80 personas se junten en una habitación para entenderlas reunidas. Se produce, así, un fenómeno transitivo en el que, durante 3 años, la dirección política que determina una Asamblea General es interpretada y adaptada, sucesivamente, primero por un grupo de 80 personas y, después, por otro de 15 que es propuesto, a su vez, por un único líder (que es lo que representa la figura del Portavoz, aunque se le denomine de esta forma). Todo esto, como he dicho, sin  que haya mecanismos claros de impugnación y desrepresentación o, al menos, sin que se sepa si los referéndums pueden ser activados directamente por la militancia.

 

Lo que sí hay es un mecanismo de revocación de mandato (más bien de remoción de un cargo), que se activa si lo pide un 30% de la militancia. En primer lugar, establecer este criterio del 30% (¡muchísimo!) adivino que será fuente de conflictos, dado lo abstracto y difuso del acceso a la militancia. Esto se puede agravar en función de la diligencia del Consejo Ciudadano a la hora de  validar las altas en el Libro de Registro de los afiliados. Como se ve, pueden surgir conflictos de intereses claros, ya que es también el Consejo Ciudadano el que se encargaría de dinamizar el proceso de revocación. A este respecto, extraña mucho que no sea el Comité de Garantías el que realice esta tarea. Al mismo tiempo, se especifica que esta revocatoria de mandato únicamente puede ser dirigida contra un consejero, por cada vez, con lo que, si se pretende remover a más de uno, o al conjunto, el proceso se hace difícil y costoso. Lo mismo se puede decir respecto al Consejo de  Coordinación, ya que sigue pautas similares.

 

Siguiendo con el Consejo Ciudadano, llama la atención que sea este órgano el que se autorregule, elaborando el reglamento con el que van a funcionar. Es algo parecido a lo que sucede en el Congreso de los Diputados con el Reglamento del Congreso, un modelo, a mi juicio, poco democrático.

 

En general, de las atribuciones que se hacen al Consejo, existen varias que pueden chocar con las potestades que se reconocen, previamente, a la Asamblea General (elaboración de listas, coaliciones con otras fuerzas…) y que, de no refrendarse, serian decisiones exclusivas y poco participadas (lo son, ya de antemano, al ser diseñadas y propuestas exclusivamente por este órgano). De ahí que volvamos a extrañar una regulación detallada de las potestades para activar mecanismos de refrendo, o de proposición desde las bases.

 

Para que no se malinterprete este análisis como un alegato contra la representación, hay que decir que son necesarios órganos dedicados fuertemente a tareas importantes, en las que ni debemos ni podemos estar volcados todo el mundo. Pero la clave está en que estos órganos se encuentren siempre fiscalizados y con obligación de rendir cuentas en cualquier momento, y no a su iniciativa propia, y esto no queda muy claro en la propuesta que estamos tratando.

 

Si pasamos al papel del Portavoz, llama la atención, en primer lugar, que sea uno y que represente en exclusiva a Podemos a nivel político e institucional. En este apartado se es, incluso, más “viejuno” que en los partidos tradicionales, donde conviven múltiples liderazgos. Entiendo que la estrategia de cara a las Europeas era instrumentalizar la figura de Pablo Iglesias, un rostro conocido, para poner a Podemos en el mapa político electoral. Una vez cumplida esta misión, no comprendo que se siga cargando todo el peso comunicativo a gran escala en una persona (presumiblemente Pablo), y que no se encargue el mismo Pablo de ir dando entrada a un elenco variado y coral de portavoces, que materialicen la pluralidad que se pretende albergar en la organización. Volcar todo el mensaje de Podemos en la figura unipersonal del Portavoz tiene riesgos, a parte de la ventaja de explotar lo mediático, y es que se reduce el mensaje a lo que él (o ella) piense, se hacen de sus vulnerabilidades las vulnerabilidades de la propia organización y se convierten sus debates y trifulcas personales en algo que concierte y que subsume a todos, en lugar de lo contrario (un notable que se subsuma en un partido-movimiento).

 

Por otro lado, entiendo que el Portavoz se sienta cómodo con un equipo de confianza (el Consejo de Coordinación), pero vuelve a parecer que el conjunto de la organización, sobre todo cuando se asciende hacia los órganos de representación,  se hace al gusto de una persona, lo que le “ahorra” la labor de “fajarse” en la micropolítica de su propio partido, limitando su papel a los micrófonos y los auditorios, y no al debate “de bajo perfil” en las asambleas de base o en las redes sociales. Se echa de menos algún guiño al “mandar obedeciendo”, algo que sí se atisba, por ejemplo, en la experiencia de Guanyem Barcelona.

 

Redundando en ese Consejo de Coordinación, hay que subrayar que es un órgano que se elige por representantes (Consejo Ciudadano) y a través de la propuesta de otro representante (Portavoz), con lo que la implicación de los afiliados en su composición es nula. Queda ese mecanismo de remoción que, como he explicado anteriormente, deja aún muchos puntos oscuros, sin resolver.

 

Respecto a otros órganos y ámbitos de la propuesta que estamos analizando, mencionar que es llamativa la poca gente que compondría el Comité de  Derechos y Garantías (9 personas y 9 suplentes), y que no comprendo por qué la mitad (¿4,5?) deben ser juristas, ya que cualquier persona podría entender los estatutos y los principios de Podemos sin necesidad de haber estudiado Derecho (y lo dice un jurista). Sí que es de alabar la constitución de un jurado configurado por sorteo (¿pero de cuánta gente?) para los casos de aplicación de las normas disciplinarias. Personalmente, no creo en este tipo de disciplina en el seno de organizaciones sociales, pero al haber definido una estructura en torno a un afiliado definido, con órganos colegiados como los descritos, el aspecto disciplinario le es, en teoría, correlativo.

 

Respecto a los círculos, encontramos en la propuesta que se les reserva prácticamente un papel congregador y agregador de individualidades, ejerciendo de herramientas de extensión territorial y como núcleos de debate, pero sin representar ningún tipo de voto agregado, algo que, personalmente, me parece bien. También creo un acierto que se promocione la conexión p2p entre los círculos, sin necesidad de mediación de los Consejos o del Portavoz. Sin embargo, como he dicho anteriormente, falta por saber qué grado de autonomía tienen a la hora de “traducir” a sus realidades territoriales los mandatos políticos que salgan de la Asamblea.

 

Otro aspecto que creo un paso atrás es la elaboración de un protocolo demasiado exhaustivo para la validación de nuevos círculos, ya que la viralidad en la formación de los hoy existentes ha sido clave para a rápida expansión de Podemos. Además, se corre el riesgo de que no se dé por válidos a círculos eminentemente humorísticos que, aunque no lo parezca, tienen cierta importancia a la hora de crear un tipo de cultura hegemónica inherente a la organización. Sin duda, este control redunda en ese viraje, desde la promoción del desbordamiento, hacia el afianzamiento de una estructura consolidada. Además, se establece que la aprobación definitiva de nuevos círculos corresponde al Consejo Ciudadano, una atribución delicada para ser llevada a cabo por  un órgano representativo, en mi opinión.

 

Por último, en lo referente a la financiación y estado de cuentas, es muy positivo que se tenga completo acceso a las mismas y a cualquier documento relativo a éstas (a excepción de lo que disponga la LOPD). Sin embargo, que su aprobación se confíe, anualmente, a los órganos de representación (Consejo de Coordinación y Consejo Ciudadano), aúna en el Ejecutivo de la organización también el control financiero.

 

En definitiva, se puede calificar esta propuesta de organización como un primer intento de institucionalizar un partido cuya seña de identidad había sido la de incorporar las dinámicas y la naturaleza de los movimientos distribuidos y en red. No quiero entrar a definir como bueno o malo ya que, tanto un extremo (de organización rígida) como otro (flexible) tiene sus pros y sus contras. A lo que sí me comprometo, en los próximos días, es a intentar suplir con otras propuestas y formas de hacer los puntos que en este análisis he señalado como pasos atrás.

 

Que prosiga el debate.

 

 

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Democracia es derecho a decidir

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Está teniendo gran repercusión en los debates políticos que acaecen en las redes sociales un artículo de opinión de Javier Cercás, en El País, titulado “Democracia y derecho a decidir”. Ya desde el título, el autor está demarcando una frontera discursiva entre los dos conceptos, avanzando la que será su tesis, perfectamente resumida en el último párrafo, donde sentencia:

…se puede ser demócrata y estar a favor de la independencia, pero no se puede ser demócrata y estar a favor del derecho a decidir, porque el derecho a decidir no es más que una argucia conceptual, un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría.”

Para que uno no se lleve las manos a la cabeza al terminar de leer esa última frase, Cercás desarrolla una serie de argumentos. Primero centra su ataque contra lo que él llama un “derecho fantasmal”, el derecho a decidir, pero lo hace reduciendo sucintamente ese derecho al terreno de la autodeterminación nacional, en concreto, a la catalana.

Habría que explicarle al señor Cercás que el derecho a decidir es más amplio que el mero hecho de votar sobre unidad o independencia. Supone la capacidad de los ciudadanos para “participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”. Algo tan importante que corresponde a los Poderes Públicos “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y si el señor Cercás insiste en que “no ha sido argumentado (…) por ningún teórico, ni reconocido en ningún ordenamiento jurídico”, baste decirle que yo acabo de citar, entrecomillados, fragmentos de los artículos 23 y 9 de la Constitución.

 Pretende, en definitiva, deslindar la capacidad de decidir de los atributos reconocidos y reconocibles en un Estado democrático. Para ello enumera una serie de conductas reguladas por ley, intentando hacer ver que no tenemos, como ciudadanos, la potestad de no cumplirlas, de decidir un comportamiento diferente.

Yo no tengo derecho a decidir si me paro ante un semáforo en rojo o no: tengo que pararme. Yo no tengo derecho a decidir si pago impuestos o no: tengo que pagarlos.”

Este intento de analogía es directamente una barbaridad, ya que establece en un mismo plano conductas y preceptos legales de naturaleza y categorías completamente diferentes. Si nos paramos ante un semáforo en rojo o pagamos impuestos es porque existen unas normas que así lo prescriben, pero esas normas, como todas, son susceptibles de ser modificadas si existe una voluntad popular que así lo disponga. Ahí es donde se enfoca la capacidad o derecho a decidir, en la proposición, elaboración y adopción mayoritaria de unas normas de convivencia. Hacer una reducción al absurdo, como la anterior, no es más que una argucia retórica que raya la demagogia.

Pero Cercás se ratifica en su postura al afirmar que “la democracia consiste en decidir dentro de la ley”, como si ésta fuera una institución ya dada e incuestionable. Ese razonamiento deslinda la potestad legislativa, el acto mismo de legislar, de la voluntad individual y agregada de la población (que sólo puede decidir dentro de lo aprobado por la ley, sin cuestionarla). No en vano, al referirse a las posibilidades de decisión, las reduce conscientemente al derecho del sufragio, a decidir (más bien elegir) en “las elecciones municipales, autonómicos o estatales”.

El problema de esta concepción de la democracia es que reserva las decisiones importantes a los cargos electos, olvidando, o no dándole importancia, a la posibilidad (que en nuestros días es un hecho) de que estos se desliguen de la voluntad política de aquéllos que los eligen. Como consecuencia, tenemos un sistema de partidos en el que el programa electoral no pasa de ser un catálogo de buenas intenciones (o de intenciones comerciales) que ningún partido está obligado a cumplir. Algo que, como le sucede a Cercás, parece que está perfectamente interiorizado y normalizado.

Nos encontramos, la gente, la ciudadanía, la población, en un marco jurídico que está muy lejos de nuestras manos, que no podemos decidir más que mediante la intermediación de grandes núcleos de poder e intereses y de donde no nos debemos salir a la hora de proponer iniciativas políticas. Debemos pensar y actuar conforme a esa ley que nos cae del cielo y el mero hecho de proponer una revisión de la misma y de permitir la participación ciudadana en las decisiones es, en palabras de Cercás, “un engaño urdido por una minoría para imponer su voluntad a la mayoría”.

En definitiva, la visión del articulista peca de rigorismo legalista, pretendiendo una aplicación y acatamiento tautológicos del Derecho, es decir, aceptarlo y cumplirlo porque es ley, sin entrar a valorar cómo se ha elaborado, cuándo, por quién, en representación de quién y por qué. Quizás él no lo sepa, pero la interpretación de las normas es un tema harto complejo, para el que el artículo 3 del Código Civil enumera unos criterios que pretenden, precisamente, que no se hagan juicios de valor tan simplones como el de este artículo.

De la Iniciativa a la Acción Legislativa Popular

 

En Economía, se llaman barreras de entrada a los obstáculos con los que se encuentra una empresa para entrar en un mercado. Estos límites reflejan el nivel de competitividad y, si son muchos o muy fuertes, generan la existencia de monopolios.

Las barreras de entrada pueden ser naturales (como el elevado coste de extracción de un combustible fósil, tan sólo al alcance de grandes empresas) o artificiales (como las patentes). Es común que se den ambas, sobre todo que, a raíz de una barrera natural, aquélla entidad que inicia una explotación vaya estableciendo otras barreras para que las demás no puedan llegar nunca a ser competidoras. Jugaría esta empresa con un poder de mercado que le permite estar siempre en ventaja, diseñando las reglas y condiciones de ese juego, desde arriba.

Algo similar pasa en el diseño institucional de la participación ciudadana en política. A raíz de una barrera natural, la imposibilidad de introducir en un parlamento a millones de personas, se establece un monopolio de la acción política en manos de entes llamados partidos, que la ejercen mediante representación y que, una vez dentro del juego, reforman la legislación para mantener esa posición de poder.

Aunque de manera formal, en nuestro ordenamiento jurídico se establecen vías de participación directa de la ciudadanía en política, sobre todo en la Constitución, pese a que su posterior desarrollo legislativo prácticamente las inutiliza, estableciendo insalvables barreras. Es el caso del referendum, congelado desde la reforma efectuada para neutralizar el llamado Plan Ibarretxe. También sucede con el derecho fundamental a ser elegido, obstaculizado por barreras como los avales que se exigen a partidos o listas de electores de nueva creación. Por supuesto, esto también ocurre con las Iniciativas Legislativas Populares, muy de actualidad por la reciente presentación de la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, a pesar de haber recabado la friolera de un millón y medio de firmas, ha sido vilipendiada y denostada por el partido en el gobierno.

Las Iniciativas Legislativas Populares no sólo tienen como barreras de entrada las firmas (500.000 para ser admitidas a estudio por la Comisión Parlamentaria correspondiente), además, se limitan las materias sobre las que pueden versar, de las que se descuentan prácticamente las más importantes, al mismo tiempo que se establece la votación parlamentaria como último escollo para su aprobación y puesta en práctica. En resumidas cuentas, una ILP no puede ser aprobada si no cuenta con el beneplácito del partido o los partidos en el gobierno, aunque recoja millones de firmas y un respaldo popular ostensible y mayoritario.

Esa barrera física, natural, a la que hacía referencia antes y que motivó la proliferación de las llamadas democracias representativas, ya no existe. El desarrollo tecnológico permitiría sin problemas la participación directa de todas las personas, tanto en la vertiente propositiva de leyes como en su aprobación directa, haciendo real el enunciado del artículo 1.2 de la Constitución, que consagra al pueblo como titular único y último de la Soberanía Nacional , de la que emanan los Poderes del Estado.

Pero el monopolio que han configurado los partidos se sigue perpetuando e imponiendo, a través de las sucesivas barreras a la entrada, al efectivo ejercicio por parte del pueblo de esa Soberanía. Baste decir que las dos leyes fundamentales en el proceso electoral, la Ley de Partidos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, han sido reformadas una veintena de veces desde su creación, rara vez para facilitar la participación.

El monopolio de la acción política institucional ha provocado una anomalía irritante de la lógica jurídica de la representación. En derecho, el mandato (también el político) se compone de dos partes: el mandante, que encarga un trabajo o servicio al mandatario, que debe realizarlo en los términos previstos en el contrato por el que se vinculan. Cuando en televisión escuchamos hablar de tal o cual mandatario, tenemos la sensación de que es una persona con poder, que manda, pero ese error es consecuencia de este monopolio, no de su configuración jurídica. Los mandatarios (cargos electos) deben someterse a los mandantes (electores) en los términos del contrato por el que se vinculan (legislación más programa electoral).

Pero el mandato representativo ha dejado de tener el sentido por el que se creó. Ha pasado a ser la excusa formal para el ejercicio del poder y la supremacía de aquéllos que detentan la Soberanía en beneficio propio, ignorando las obligaciones del contrato que asumen como representantes de los ciudadanos de un estado.

De poco sirven maniobras de cara a la galería como la admisión a trámite parlamentario de la mencionada ILP de la PAH, o la ocurrencia del Escaño 110 en Andalucía si, al final, la última palabra sigue correspondiendo al monopolio partidista.

En contrapartida, como solución a esta patología democrática, debemos exigir la reforma de las Iniciativas Legislativas Populares, en el marco del necesario nuevo proceso constituyente, para que no supongan sólo la iniciativa, sino que puedan llegar a ser verdaderas Acciones Legislativas.

No es descabellado idear un sistema mediante el cual las personas puedan colaborar en red en la redacción de textos legales y que, en función de un método de corrección y votación universal, estas propuestas puedan ser aprobadas y puestas en marcha sin el preceptivo visto bueno de los monopolistas.

La revolución en las comunicaciones ya permite tanto la redacción como la aprobación de leyes, haciendo desaparecer las originarias barreras de entrada naturales al ejercicio de la acción política directa, desintermediada. Sería además ridículo argumentar que es necesaria una especial cualificación, sólo personificada en los diputados y en los partidos, habida cuenta de que ninguna de las leyes que vienen aprobando en los últimos años está dando los resultados prometidos. Es más, los proyectos de ley que se elaboran y aprueban en el monopolio legislativo actual distan mucho de tener el análisis, el estudio o el rigor científico debido, que se podría y debería alcanzar desde y por la colaboración directa de toda la sociedad.

Más participación es más democracia. Sí se puede, pero no quieren.