Progresistas y conservadores

Viñeta de Mingote

Viñeta de Mingote

Progresismo y conservadurismo son dos términos, utilizados y reconocidos ampliamente en la retórica política, cuyo significado se ha deformado, casi oxidado, con el transcurso del tiempo. Al igual que ha sucedido con otros conceptos, superados por los cambios históricos, han dejado quizás de significar aquello para lo que fueron nombrados.

Dice la Wikipedia que el primero en utilizar el término conservador en el vocabulario político fue Chateaubriand en 1819 para referirse a quienes se oponían a la ideas antecedentes y resultantes de la Revolución francesa o, más en general, a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración”. En ese contexto, lo conservador cobraba sentido en tanto configuraba una oposición al cambio, al progreso, al avance.

Ese progreso o avance, continuando en la gramática política, se ha referido históricamente a la incorporación de derechos políticos, sociales o civiles a la persona. De ahí su relación estrecha con las categorías ideológicas llamadas de izquierda. Por contraposición, el conservadurismos es la etiqueta a la que se suele adscribir un pensamiento de derechas.

 

Hasta aquí todo claro, parece. Y digo parece porque el paso del tiempo, los cambios sociales, pueden dejar en fuera de juego al lenguaje o, mejor dicho, a las personas que pretenden, de alguna manera, obviar que el lenguaje construye y soporta la realidad y que, por lo tanto, cambia con ésta.

La política consiste, en parte, en dirimir la titularidad y el ejercicio del poder. En este sentido, se observa un avance relativo, discontinuo, hacia una universalización del mismo. Si bien es cierto que, puntualmente, la democratización ha sufrido de involuciones (en la edad Media, en el Antiguo Régimen o en la época actual), a cada revolución, a cada cambio cualitativo -en Política, Sociedad, Economía y Cultura- le ha correspondido una mayor distribución del poder (sufragio censitario, sufragio universal masculino, sufragio universal, por ejemplo), normalmente acompañada de un aumento de derechos y garantías.

Considerando esta “evolución”, lo progresista consistiría en la aspiración continua a una democratización radical, a una distribución del poder al máximo, reduciendo en la medida de lo posible la intermediación y la formación de núcleos de concentración del mismo.

Las constituciones y declaraciones de derechos vigentes en la actualidad pretenden enunciar el grado máximo de Democracia. Así lo hace la española de 1978, en su artículo 1.2, cuando declara que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Parece difícil superar esta frase y definir lingüísticamente la aspiración democrática de una manera mejor, más ambiciosa. Sin embargo, y sobre todo tratándose de(l) poder, la promulgación de este tipo de textos constitucionales pecaba de tramposa, consciente y alevosamente tramposa.

Siguiendo con el supuesto español, cuando en 1978 se redacta y vota nuestra Constitución, resulta inviable materializar esa distribución de la soberanía entre todas y cada una de las personas que componen “el pueblo español”. Como en textos y gobiernos análogos, la soberanía se ejerce por representación. No era viable introducir a millones de personas a debatir, legislar y votar en una habitación, por muy parlamento que fuera, ni era practicable comunicativamente un gobierno distribuído a distancia. Por imperativo físico, había que fijar un sistema representativo que superase estas limitaciones espacio-temporales.

Pero, de repente, surge, se universaliza y se desarrolla Internet, haciendo posible lo que antes parecía una utopía. Como sucede con otros campos como la formación, el cine o la música, la red hace la intermediación opcional, no forzosa, en la actividad política. Se convierte en posible, por ejemplo, la elaboración colaborativa de leyes y la votación directa de las mismas por parte de la población. (Al respecto, LLQQ y Democracia 4.0).

En el progreso hacia una utópica democracia total, podemos decir que se desbloquea el siguiente nivel, se puede dar un paso más, con una particularidad: no consiste este avance en una declaración o construcción lingüística, sino en una posibilidad material. Esta disonancia tiene un efecto interesante, ya que, como decía antes, deja en fuera de juego al sistema actual, respecto de los textos legales que lo soportan. Me explico.

 

En nuestro Código Civil, uno de los pilares del ordenamiento jurídico español, dice el artículo 3.1 que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. Repasemos estos criterios de interpretación de la norma en relación al artículo 1.2 de la Constitución (mencionado anteriormente) y a las posibilidades de expansión democrática que permite Internet.

Si atendemos al sentido propio de sus palabras (criterio lingüístico), queda bastante claro que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. En cuanto a la relación con el contexto, como he expuesto más arriba, era necesario (en el 78) establecer un sistema de representación, en atención a maximizar democracia y gobernabilidad con los recursos existentes. Sin embargo, ¿cómo se interpreta eso hoy, cuando se hace posible un ejercicio más amplio de esa soberanía?. Sin duda, la realidad social (otro de los criterios de interpretación) es muy diferente a la de entonces. Aumentar la participación ciudadana, controlar y fiscalizar a los órganos de gobierno y el descrédito de los partidos son aspectos centrales de nuestra realidad política actual, del tiempo en el que tienen que ser aplicadas las leyes. Por último, el espíritu y finalidad (criterio teleológico) del artículo 1.2 de la CE, debe coincidir con los anteriores. De lo contrario, la involución democrática que estamos sufriendo no sería sólo de facto, sino también formal.

Siendo oportuno un desarrollo argumental mayor, creo que queda clara mi tesis, que se corrobora además en otros campos y derechos:

A la luz de los cambios tecnológicos y científicos que vivimos, junto a las aspiraciones sociales, el sistema actual y su funcionamiento no cumplen ni los requisitos mínimos democráticos que establecen las leyes sobre las que se pretende sostener. El ordenamiento jurídico se convierte en incompleto respecto del propio sistema que pretende regular.

Dicho de una manera mucho más simple: deberíamos estar elaborando y votando las leyes, entre todas las personas, desde ya y con todo derecho, con el derecho vigente.

Esta reivindicación, que he comentado y debatido ampliamente con gente que se autodefine tanto de izquierdas como de derechas, produce un efecto llamativo, pues muchos de los primeros se oponen a ampliar la participación y a distribuir más el poder, mientras que gran número de los segundos se muestran favorables. De este modo, se produce una fractura histórica, en esta materia, entre las relaciones semánticas izquierda-progresista y derecha-conservadora.

La explicación de estas disonancias cognitivas requeriría de otro texto aún mayor, pero se puede resumir en dos ideas: la importancia del elemento identitario cultural de cada persona (educación, lenguaje, símbolos, entorno…) a la hora de adscribirse a un marco ideológico y la posición de poder (absoluta o relativa) de la que se disfruta, que puede llevar a actuar, en la práctica, de un modo diferente al que se espera, en atención a una ideología declarada, incluso asumida.

Las posiciones conservadoras y progresistas reales, no las formales o aparentes, quedarán al descubierto en el debate y el progresivo avance de la participación social en política, en su defensa o en su ataque, y depararán muchas sorpresas.

¿Qué es la antipolítica?

antipolitica

 

 

El resultado de los comicios electorales celebrados recientemente en Italiano ha dejado indiferente a nadie y ha supuesto un duro revés para los grupos de poder que reinan en la Unión Europea, que patrocinaban sin disimulo la victoria del PD de Bersani y una coalición con “su hombre” en el país, Mario Monti.

 

Medios y analistas políticos han quedado en fuera de juego tras la resurrección de Berlusconi y, sobre todo, ante la eclosión del Movimento 5 Stelle de Beppe Grillo, partido más votado de todo el elenco (sin contar a las coaliciones), al que no han tardado en bautizar como populista o acusado de practicar “antipolítica”.

Llama la atención cómo ese tipo de etiquetas se viralizan y corren, de medio en medio, como si de una obligación deontológica se tratase. Más allá de exponer argumentos para demostrar estas hipótesis, se institucionalizan los términos pretendiendo crear marcos cognitivos, relaciones rápidas y directas para que los votantes se acerquen a la urna con prejuicio y predisposición.

 

Toda fuerza que se atreva a cuestionar el sistema de representación partitocrático es tildada de antipolítica, a pesar de que han sido los bipartidismos europeos los encargados de denostar el primigenio concepto de política, los primeros antipolíticos.

 

Para argumentar mi hipótesis voy a utilizar otra palabra de moda tras el escrutinio celebrado en Italia: “ingobernabilidad”, o la imposibilidad de regir un país con un sólo partido, o dos que sumen una amplia mayoría.

 

La excusa de la gobernabilidad ha servido para promulgar leyes electorales de lo más antidemocrático. Desde la LOREG española y su Ley D’Hondt, pasando por la griega, que regalaba 50 diputados al partido más votado, o a la italiana que le otroga el 55% de los escaños en la Camera, aunque haya recibido muchos menos votos.

 

En el momento en que los resultados electorales son capaces de invalidar la trampa antidemocrática de las legislaciones electorales, se declara el país como ingobernable y se emprende una nueva reforma que consiga volver a los cauces de siempre, al bipartidismo, a mayorías férreas y aplastantes. Bajo este pretexto, el pluralismo político que los partidos están comprometidos a representar (artículo 6 de la Constitución Española) ya no es importante. La obligación de estos de cara a parlamentar, a alcanzar consensos, a gobernar para toda la sociedad desaparece. Como si hacer política, de verdad, fuera demasiado complicado, o demasiado peligroso.

 

Sin embargo, parece que es perfectamente normal que un gobierno con mayoría absoluta legisle a golpe de decreto (el ejecutivo haciendo de legislativo), evitando todo debate constructivo parlamentario, convirtiendo al propio parlamento en un teatro donde se representa el juego político, pero donde no se decide nada, ya que todo viene decidido de casa, de la sede y de la ejecutiva de cada partido.

 

Si un parlamento plural y con las fuerzas equilibradas es un problema para la gobernabilidad de un país, es que la democracia, en sí, es un problema para la gobernabilidad de un país. No dista este plantemiento de regímenes más autocráticos, pero resulta curioso, ya que los que abogan por fuertes y rígidas mayorías que den “estabilidad” son los primeros en tachar de antipolíticos a movimientos como el 5 Estrellas, emparentándolos con lejanas figuras disctatoriales. Porque, si a los discursos nos atenemos, a mí me siguen pareciendo populistas desde Obama a Bersani, pasando por Rubalcaba o Rajoy.

 

Precisamente Rajoy, en el (no) debate del Estado de la Nación, no paraba de insistir en que su partido fue el más votado allá por el lejano Noviembre de 2011, hecho que, según nuestro presidente, justifica que se haya saltado flagrantemente sus promesas electorales y que gobierne, decreto tras decreto, en contra de los intereses de la mayoría de la población. ¿No es eso la antipolítica?

El lingüista Ferdinand de Saussure utilizaba los enfoques sincrónico y diacrónico para hablar del estado de una lengua, bien en un momento concreto (sincronía), o bien atendiendo a su evolución histórica y comparada (diacrónico).

Parece que la democracia que los stablishments partitocráticos , los analistas y los medios entienden, es la sincrónica, la que funciona con base en acontecimientos puntuales, como las elecciones, donde se llama a la participación ciudadana, que empieza y acaba en el mismo momento en el que se deposita el sobre en la urna. A esto lo llaman política.

 

La otra, la democracia diacrónica, en tiempo real, constante y permanente, sigue sin contemplarse en las altas esferas, a pesar de ser una de las exigencias actuales en la sociedad y en sus movimientos

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Más allá de la polémica figura de Grillo al frente del Movimento 5 Stelle, la participación continuada de la gente en la toma de decisiones y en la gestión de sus recursos, que es lo que proclama este partido, empieza a convertirse en aspiración universal, habida cuenta de que los medios tecnológicos como Internet ya lo permiten.

A pesar de lo que digan los medios y de las reacciones de “los mercados”, estamos viviendo justamente un cambio, un tránsito desde la antipolítica de los sistemas partitocráticos a nuevos modelos de democracia directa y participativa, que constituyen la máxima garantía, no ya de la salida de la estafa que llaman crisis, sino de que derivas totalitarias, partitocráticas o financieras, no vuelvan a suceder.

Los Parlamentos, los Gobiernos y la Política

Todos , con el paso de los años, dejando hacer a los dirigentes de los partidos políticos, renovando la confianza elecciones tras elecciones en ellos de forma inmerecida, habíamos consentido que el Parlamento, la institución donde reside la soberanía nacional, la cámara de representantes del Pueblo, de los Ciudadanos, el órgano que nuestra Constitución diseñó otorgándole el poder absoluto, lo que debiera ser el sitio o la casa de todos, el lugar donde los mejores defendían sus ideas y a la vez, en libre debate y compromiso con la conciencia colectiva y propia, se defendieran, siempre, los intereses de ese mismo pueblo al que representan; todos, repito, todos, dejamos que sucediera lo más indigno que como pueblo podíamos hacernos: que se convirtiera en una pantomima.

Se ha convertido el Congreso en el hazmerreír de cualquier persona que supiera un poco de teoría política y jurídica honesta, de la que no se engaña a sí misma. El Parlamento, después de varios siglos de poder absoluto de los monarcas europeos, y tras el triunfo de la revolución francesa y del pensamiento liberal del siglo XIX, nació bajo la aspiración de que fueran los pueblos los que controlaran su propio destino. En eso consistían básicamente las revoluciones americanas independizándose de los ingleses; o los franceses, independizándose de la monarquía; o los rusos, tratando de independizarse de su destino.

Si alguien se hubiera tomado en serio aquella idea, los parlamentos serían todopoderosos, como el senado republicano romano. Que nadie se líe ahora con aquello de que solo acceden a él los poderosos. Si, eso es cierto. Pero para eso se estableció el sufragio universal, no sólo concediendo a todos la posibilidad de elegir , sino, y eso era lo más importante, permitiendo a todos la posibilidad de tener el poder de hacer leyes. Las leyes, las normas. Ser elegidos. Ser elegidos para hacer leyes. Y con ellas, el destino de los pueblos, hoy día, a través del destino del dinero. No nos lo tomamos en serio. Quizás por el hecho de que varios siglos de costumbre eran un peso enorme para hacer que los hombre se negaran a seguir dando el poder a un ejecutivo, a un absoluto, como siempre había sido. Quizás porque siempre fue más cómodo confiar en el gobierno, fuera este quien fuera. El gobierno gobernaría para todos, el gobierno solucionaría los problemas. Al fin y al cabo, de una o de otra forma, podíamos elegir al gobierno, y cuando menos , quitarlo si no nos gustaba.

Eso nos pareció suficiente. Así, fruto de esa dejadez de todos, hemos llegado a hoy. Nuestro parlamento, la mayoría de los parlamentos, no son lo que debieran. Carecen de poder real. No son respetados. No tienen credibilidad. No podemos esperar, de los hombres y mujeres que los componen, nada. Y desde luego menos aún que sean lo suficientemente valientes como para salvar a sus pueblos de los peligros que pudieran experimentar. Hemos dado por hecho que la vida moderna supone o establece un sistema en el que los parlamentos son un mero trámite, una formalidad. Lo importante es el gobierno. Ha pasado casi lo mismo en las sociedades mercantiles. Ya no importan las juntas de accionistas, importan los consejos de administración. Al final, sólo importa el dinero. Y resulta que ni siquiera lo tenemos.

Por eso, parlamentos como el nuestro aceptan que las leyes en su mayoría tengan su origen en reales decretos, o en decretos legislativos, en definitiva, leyes que parten del gobierno, y que los parlamentos se limitan a aprobar. Como sino pudieran hacer nada más. A eso se añade que en su función de nombrar a los mejores para aquellas instituciones que debieran controlar el más perfecto funcionamiento de un sistema que llamamos Estado de Derecho, democrático, también el parlamento, los parlamentos, renunciaron a todo. Bien, el gobierno nombraría a los suyos.

Creímos que eso no tenía importancia, que no era grave. Que en el fondo, daba igual. Había ciertos límites que los gobiernos nos traspasarían, sabían que los quitaríamos si lo hicieran. Todos. Ahora todos sufrimos lo que hemos hecho. Los gobiernos de muchos estados amparan , apoyan o directamente comenten actos que nunca habíamos dudado en tachar de criminales. Cometen flagrantes injusticias contra las personas, contra sus bienes, contra su pequeño bienestar. Un gobierno o un parlamento, nunca deberían cometer ni un sólo acto de ese tipo. Ahora hay guantánamos, invasiones, asesinatos, ruinas, especulación con lo esencial, y muchas cosas que antes nos horrorizaban. Tenemos CIE’s, desatendemos a nuestros viejos y enfermos, despreciamos la enseñanza y la sanidad pública, y ellos las venden, o acaban con lo poco que teníamos en común. Los gobiernos.

Estamos retrocediendo a pasos agigantados. Estamos viendo lo que creímos que no volveríamos a ver. Para mí, el colmo está siendo ver cómo se mata a trabajadores por el mero hecho de querer simplemente mejorar sus miserables condiciones de vida, en sudáfrica, pero también en otros sitios donde eso no debería pasar. Los gobiernos. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué pasa cuando los gobiernos también son una pantomima, como lo son los parlamentos? Pues pasa lo que está pasando. Que estamos mal, muy mal. Los gobiernos, a merced de los mercaderes. O trabajan para ellos, o, en cualquier caso, les temen más que a sus propios pueblos. A los gobiernos ya no les impresionan los ciudadanos, les impresionan los mercaderes.

Las leyes son lo último que nos queda, y también tratan de quitárnoslo. Hemos perdido los parlamentos, hemos perdido los gobiernos. Ya no son nuestros. ¿Cuanto tardaremos en perder definitivamente el más preciado de los bienes, las leyes? Todos nos hemos equivocado. Todos pensamos que bastaban los partidos políticos. No importaba que no conociéramos ni al concejal, ni al diputado, y no digamos ya al senador que elegíamos para que ejerciera en nuestro nombre nuestro poder, nuestra soberanía. Pensábamos que, aunque los parlamentos fueran un patio de colegio, no más, los gobiernos aún tenían algo que ver con las bases, con la democracia, con la soberanía, con el poder de las personas, de los pueblos, de los ciudadanos, de decidir el destino. Ahora, que estamos a punto de perderlo todo, deberíamos de reaccionar, antes de que sea demasiado tarde. Y solo nos queda una opción: interesarnos por “la política”.

La Política es nuestra. La Política son las leyes, son nuestros bienes comunes, son nuestros derechos, son nuestras leyes. Asomémonos todos al patio de colegio que es el parlamento, que son los parlamentos. Avergoncémonos de lo que vemos. Sintamos vergüenza ajena de las personas que nos representan. Que hasta nos insultan. Sintamos vergüenza, que llegue a lo más profundo de nosotros saber que esos hombres y mujeres no nos sirven. No nos han servido. Han servido y sirven a sus partidos, pero no a nosotros, sus mandatarios, sus poderdantes, sus dueños. Y cuando, con la vergüenza de habernos todos desentendido de aquéllo que era los más importante, nuestro destino, cuando, con la vergüenza invadiendo nuestra pobre conciencia, nuestro estómago, nuestra saliva.., cuando, avergonzados, reconozcamos ante nosotros mismos que todos y cada uno de los ciudadanos dejamos que esto ocurriera, que todos somos responsables de que estemos en esta situación, entonces, sólo entonces, pongámonos a tomarnos en serio la Política. ¡Hagamos Política!. Echemos a estos hombres y mujeres que ni siquiera tuvieron el valor de denunciarnos como pueblo, por nuestra dejadez, desde las instituciones en las que estaban. Fue cómodo para todos, para ellos más. Pero eso no quiere decir que no podamos enderezarnos, que no podamos salir de la ruina moral en la que nos encontramos.

Echemos a estos políticos. No nos sirven. No nos volvamos a engañar. Encontremos a otras personas. Busquémoslas, están ahí. Seguro. Existen. Aún debe haber entre nosotros personas íntegras. Honestas. Honorables porque nosotros creemos o creamos en ellas, no porque se autotitulen así. Excelencias porque lo son, y no porque lo manden las leyes que ellos mismos se hacen. Personas que entiendan que son los intereses de todos los que ponemos en sus manos. Los de todos. Cada cierto tiempo se nos convoca por un sistema que ahora no es más que patético a que entreguemos nuestro poder, nuestro destino, a unos cuantos. Podemos creer o no en ese sistema, en que eso pueda o no servir para cambiar la realidad. Pero no seamos tan idiotas de, al menos, desaprovechar la oportunidad de hacer lo que queramos, de hablar, de protestar. No podemos seguir desentendiéndonos. No se queden en sus casas la próxima vez. No dejen que les digan que no puede hacerse nada. Claro que podemos. Podemos hacer lo que queramos. Para empezar , podemos decirles ¡fuera¡, váyanse. Todos. No podemos permitirnos más vergüenza.

La Izquierda y la Clase

Cuatro años  desde el estallido de la crisis. Un buen montón de meses que han dejado en evidencia que el sistema actual es completamente insostenible, que las políticas neoliberales no sirven más que para agravar las diferencias sociales, cargarse el medio ambiente y sumir a la población en un estado de emergencia y precariedad permanente, haciendo del miedo, de la competitividad y del rencor un estilo de vida, o de muerte en vida.

Un panorama gris que no sólo amenaza con derrumbar los cimientos del Estado del Bienestar, sino que se los ha cargado directamente, a la velocidad con que los capitales viajan, vuelan, de cuenta corriente en cuenta corriente.

Pero llama la atención que, ante tamaña evidencia, las fuerzas políticas institucionalizadas (a modo de partidos o sindicatos) que se oponen al actual modelo político, social y económico imperante no han visto crecer de sobremanera su apoyo en las urnas o en el censo de militantes. Tampoco los viejos movimientos sociales, aún enquistados en una gramática política vetusta, han sabido cambiar su manera de pensar la realidad y siguen reproduciendo la idea de vanguardia ideológica, abogando por prácticas políticas que parecen únicamente destinadas a presionar a esas fuerzas institucionalizadas, no cuestionándose el modo de funcionar, alejándose de ese “pueblo” al que interpelan, pero que les escucha mucho menos de lo que desearían.

Hay que bucear un poco en el lenguaje y realizar un ejercicio de análisis y reflexión sobre las causas por las que eso que llamamos izquierda no ha sabido ocupar el papel de antítesis en el juego político y en plena crisis del capitalismo. Especialmente hay que destripar el elemento fundamental, sobre el que construyen todo su planteamiento y acción política, la clase social. Para ello, esbozaré dos modos de definirla. En primer lugar, como una cosa y, en segundo lugar, como un conjunto de personas.

Producto de la dialéctica histórica o materialista, la Clase surgió, en sus inicios, como una herramienta de análisis, fijando unos parámetros objetivos, centrados sobre todo en variables socio-económicas, donde se podría encajar a un determinado sector de la población. Todavía hoy se utiliza así en determinadas áreas académicas, como la planificación y gestión de políticas públicas.

Pero con el tiempo, obra de los movimientos e ideologías que surgieron tras 1848 (año de publicación del Manifiesto Comunista), la clase adquirió una dimensión identitaria. Sin abandonar los criterios empíricos de análisis, ese grupo social que se encuadraba en lo que se conoce como clase trabajadora, amplió sus connotaciones dotándola de elementos culturales, de símbolos, de emociones, de líderes y, en definitiva, creando todo un metarrelato a su alrededor, con una semántica propia.

El problema de concebir de esta manera la clase es que deja de constituir un mero elemento de análisis y se empieza a definir no como “cosa”, sino como conjunto de personas. Y reitero lo de “problema” porque ya sabemos de sobra que cuando lo humano penetra y absorve lo que de partida es puramente científico, lo despoja de toda lógica, insuflándole esa subjetividad propia de los seres pensantes, sí, pero también emocionales, volubles, pasionales o egoístas.

Los partidos de izquierda, los sindicatos o los movimientos sociales que los circundan, conciben la clase precisamente así, como un grupo social. De esta forma, una persona de “izquierdas” no duda en catalogar a un albañil mileurista como obrero, como proletario o clase trabajadora, en atención a las características de su actividad laboral. Sin embargo, la persona que hace ese “arriegado” ejercicio de clasificación, no se ha detenido a preguntarle a ese sujeto-albañil si él mismo se considera o quiere considerarse como tal.

Lo que quiero decir es que, si cambiamos la manera de concebir la clase, de la herramienta de análisis a un conjunto de subjetividades, hay que contar, a la fuerza, con cada una de ellas para que den su consentimiento a la hora de dejarse englobar, etiquetar o definir de tal manera. El elemento volitivo, en tanto que hablamos de personas, no es menos importante que el salario, la relación laboral o la propiedad de los medios de producción, de hecho, es incluso más importante.

De este modo, podemos empezar a comprender por qué los partidos que en su programa detallan listas de medidas, derechos y garantías para esa clase, no terminan de contar con todas las personas que, a priori, encajarían en ese perfil. Gente que, racionalmente, votaría sin dudar por esa candidatura.

Es cierto que el efecto creador de conciencias y opiniones de los mass media, el biopoder o el anacronismo del lenguaje que suelen utilizar estas fuerzas políticas, tienen su parte de “culpa” en esta deformación de la lógica política (si es que eso existe…). Pero no hacen más que agravar o poner más de manifiesto la disfunción principal que supone el punto de partida, el sentirse parte de una determinada clase social.

A los pocos meses de estallar el fenómeno 15M en España, sucesivas encuestas otorgaban porcentajes de apoyo a las propuestas del Movimiento que cualquier partido (incluyendo los mayoritarios) soñaría con tener, subiendo incluso por encima del 70%.

En seguida, partidos y movimientos sociales de izquierda se precipitaron a reclamar como suyas dichas medidas, a recordarnos que ellos ya las preconizaban antes de que el 15M apareciese, y no es que les falte razón, pero se olvidan de que esas demandas se presentaban por sí mismas, sin estar rodeadas por el halo identitario cultural de símbolos y lenguajes históricos, de líderes pasados o de sistemas políticos añejos. Eran medidas, reivindicaciones, objetivos, puro contenido social, económico o político, por sí mismo. Era un mensaje.

Y como el emisor del mismo no era reconocible o catalogable dentro de los marcos categoriales ideológicos históricos, los potenciales receptores de ese mensaje se centraban sólo en el mismo, adhiriéndose a él, constituyendo, sin saberlo, un grupo social que encaja en el primario papel de la clase, el de herramienta de análisis.

En una época en la que el deseo, el querer o las ansias de autonomía y libertad son verdaderos motores de la acción política y social, prescindir del elemento volitivo, del marketing social, del efecto atrayente del lenguaje es un craso error. El ser humano avanza hacia un nuevo estadio, el Homo Ludens, y se redefinen, a la fuerza, conceptos centenarios, actualizándose a los tiempos que corren. Así, la clase social ya no es un conjunto de personas a las que poder encajar, sin su consentimiento, en unos parámetros, sino que pasa a ser un conjunto de gente que, voluntariamente, son capaces de adherirse y hacer suyo un mensaje.