Progresistas y conservadores

Viñeta de Mingote

Progresismo y conservadurismo son dos términos, utilizados y reconocidos ampliamente en la retórica política, cuyo significado se ha deformado, casi oxidado, con el transcurso del tiempo. Al igual que ha sucedido con otros conceptos, superados por los cambios históricos, han dejado quizás de significar aquello para lo que fueron nombrados.

Dice la Wikipedia que “el primero en utilizar el término conservador en el vocabulario político fue Chateaubriand en 1819 para referirse a quienes se oponían a la ideas antecedentes y resultantes de la Revolución francesa o, más en general, a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración”. En ese contexto, lo conservador cobraba sentido en tanto configuraba una oposición al cambio, al progreso, al avance.

Ese progreso o avance, continuando en la gramática política, se ha referido históricamente a la incorporación de derechos políticos, sociales o civiles a la persona. De ahí su relación estrecha con las categorías ideológicas llamadas de izquierda. Por contraposición, el conservadurismos es la etiqueta a la que se suele adscribir un pensamiento de derechas.

 

Hasta aquí todo claro, parece. Y digo parece porque el paso del tiempo, los cambios sociales, pueden dejar en fuera de juego al lenguaje o, mejor dicho, a las personas que pretenden, de alguna manera, obviar que el lenguaje construye y soporta la realidad y que, por lo tanto, cambia con ésta.

La política consiste, en parte, en dirimir la titularidad y el ejercicio del poder. En este sentido, se observa un avance relativo, discontinuo, hacia una universalización del mismo. Si bien es cierto que, puntualmente, la democratización ha sufrido de involuciones (en la edad Media, en el Antiguo Régimen o en la época actual), a cada revolución, a cada cambio cualitativo -en Política, Sociedad, Economía y Cultura- le ha correspondido una mayor distribución del poder (sufragio censitario, sufragio universal masculino, sufragio universal, por ejemplo), normalmente acompañada de un aumento de derechos y garantías.

Considerando esta “evolución”, lo progresista consistiría en la aspiración continua a una democratización radical, a una distribución del poder al máximo, reduciendo en la medida de lo posible la intermediación y la formación de núcleos de concentración del mismo.

Las constituciones y declaraciones de derechos vigentes en la actualidad pretenden enunciar el grado máximo de Democracia. Así lo hace la española de 1978, en su artículo 1.2, cuando declara que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Parece difícil superar esta frase y definir lingüísticamente la aspiración democrática de una manera mejor, más ambiciosa. Sin embargo, y sobre todo tratándose de(l) poder, la promulgación de este tipo de textos constitucionales pecaba de tramposa, consciente y alevosamente tramposa.

Siguiendo con el supuesto español, cuando en 1978 se redacta y vota nuestra Constitución, resulta inviable materializar esa distribución de la soberanía entre todas y cada una de las personas que componen “el pueblo español”. Como en textos y gobiernos análogos, la soberanía se ejerce por representación. No era viable introducir a millones de personas a debatir, legislar y votar en una habitación, por muy parlamento que fuera, ni era practicable comunicativamente un gobierno distribuído a distancia. Por imperativo físico, había que fijar un sistema representativo que superase estas limitaciones espacio-temporales.

Pero, de repente, surge, se universaliza y se desarrolla Internet, haciendo posible lo que antes parecía una utopía. Como sucede con otros campos como la formación, el cine o la música, la red hace la intermediación opcional, no forzosa, en la actividad política. Se convierte en posible, por ejemplo, la elaboración colaborativa de leyes y la votación directa de las mismas por parte de la población. (Al respecto, LLQQ y Democracia 4.0).

En el progreso hacia una utópica democracia total, podemos decir que se desbloquea el siguiente nivel, se puede dar un paso más, con una particularidad: no consiste este avance en una declaración o construcción lingüística, sino en una posibilidad material. Esta disonancia tiene un efecto interesante, ya que, como decía antes, deja en fuera de juego al sistema actual, respecto de los textos legales que lo soportan. Me explico.

 

En nuestro Código Civil, uno de los pilares del ordenamiento jurídico español, dice el artículo 3.1 que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. Repasemos estos criterios de interpretación de la norma en relación al artículo 1.2 de la Constitución (mencionado anteriormente) y a las posibilidades de expansión democrática que permite Internet.

Si atendemos al sentido propio de sus palabras (criterio lingüístico), queda bastante claro que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. En cuanto a la relación con el contexto, como he expuesto más arriba, era necesario (en el 78) establecer un sistema de representación, en atención a maximizar democracia y gobernabilidad con los recursos existentes. Sin embargo, ¿cómo se interpreta eso hoy, cuando se hace posible un ejercicio más amplio de esa soberanía?. Sin duda, la realidad social (otro de los criterios de interpretación) es muy diferente a la de entonces. Aumentar la participación ciudadana, controlar y fiscalizar a los órganos de gobierno y el descrédito de los partidos son aspectos centrales de nuestra realidad política actual, del tiempo en el que tienen que ser aplicadas las leyes. Por último, el espíritu y finalidad (criterio teleológico) del artículo 1.2 de la CE, debe coincidir con los anteriores. De lo contrario, la involución democrática que estamos sufriendo no sería sólo de facto, sino también formal.

Siendo oportuno un desarrollo argumental mayor, creo que queda clara mi tesis, que se corrobora además en otros campos y derechos:

A la luz de los cambios tecnológicos y científicos que vivimos, junto a las aspiraciones sociales, el sistema actual y su funcionamiento no cumplen ni los requisitos mínimos democráticos que establecen las leyes sobre las que se pretende sostener. El ordenamiento jurídico se convierte en incompleto respecto del propio sistema que pretende regular.

Dicho de una manera mucho más simple: deberíamos estar elaborando y votando las leyes, entre todas las personas, desde ya y con todo derecho, con el derecho vigente.

Esta reivindicación, que he comentado y debatido ampliamente con gente que se autodefine tanto de izquierdas como de derechas, produce un efecto llamativo, pues muchos de los primeros se oponen a ampliar la participación y a distribuir más el poder, mientras que gran número de los segundos se muestran favorables. De este modo, se produce una fractura histórica, en esta materia, entre las relaciones semánticas izquierda-progresista y derecha-conservadora.

La explicación de estas disonancias cognitivas requeriría de otro texto aún mayor, pero se puede resumir en dos ideas: la importancia del elemento identitario cultural de cada persona (educación, lenguaje, símbolos, entorno…) a la hora de adscribirse a un marco ideológico y la posición de poder (absoluta o relativa) de la que se disfruta, que puede llevar a actuar, en la práctica, de un modo diferente al que se espera, en atención a una ideología declarada, incluso asumida.

Las posiciones conservadoras y progresistas reales, no las formales o aparentes, quedarán al descubierto en el debate y el progresivo avance de la participación social en política, en su defensa o en su ataque, y depararán muchas sorpresas.

La Izquierda y la Clase

Cuatro años  desde el estallido de la crisis. Un buen montón de meses que han dejado en evidencia que el sistema actual es completamente insostenible, que las políticas neoliberales no sirven más que para agravar las diferencias sociales, cargarse el medio ambiente y sumir a la población en un estado de emergencia y precariedad permanente, haciendo del miedo, de la competitividad y del rencor un estilo de vida, o de muerte en vida.

Un panorama gris que no sólo amenaza con derrumbar los cimientos del Estado del Bienestar, sino que se los ha cargado directamente, a la velocidad con que los capitales viajan, vuelan, de cuenta corriente en cuenta corriente.

Pero llama la atención que, ante tamaña evidencia, las fuerzas políticas institucionalizadas (a modo de partidos o sindicatos) que se oponen al actual modelo político, social y económico imperante no han visto crecer de sobremanera su apoyo en las urnas o en el censo de militantes. Tampoco los viejos movimientos sociales, aún enquistados en una gramática política vetusta, han sabido cambiar su manera de pensar la realidad y siguen reproduciendo la idea de vanguardia ideológica, abogando por prácticas políticas que parecen únicamente destinadas a presionar a esas fuerzas institucionalizadas, no cuestionándose el modo de funcionar, alejándose de ese “pueblo” al que interpelan, pero que les escucha mucho menos de lo que desearían.

Hay que bucear un poco en el lenguaje y realizar un ejercicio de análisis y reflexión sobre las causas por las que eso que llamamos izquierda no ha sabido ocupar el papel de antítesis en el juego político y en plena crisis del capitalismo. Especialmente hay que destripar el elemento fundamental, sobre el que construyen todo su planteamiento y acción política, la clase social. Para ello, esbozaré dos modos de definirla. En primer lugar, como una cosa y, en segundo lugar, como un conjunto de personas.

Producto de la dialéctica histórica o materialista, la Clase surgió, en sus inicios, como una herramienta de análisis, fijando unos parámetros objetivos, centrados sobre todo en variables socio-económicas, donde se podría encajar a un determinado sector de la población. Todavía hoy se utiliza así en determinadas áreas académicas, como la planificación y gestión de políticas públicas.

Pero con el tiempo, obra de los movimientos e ideologías que surgieron tras 1848 (año de publicación del Manifiesto Comunista), la clase adquirió una dimensión identitaria. Sin abandonar los criterios empíricos de análisis, ese grupo social que se encuadraba en lo que se conoce como clase trabajadora, amplió sus connotaciones dotándola de elementos culturales, de símbolos, de emociones, de líderes y, en definitiva, creando todo un metarrelato a su alrededor, con una semántica propia.

El problema de concebir de esta manera la clase es que deja de constituir un mero elemento de análisis y se empieza a definir no como “cosa”, sino como conjunto de personas. Y reitero lo de “problema” porque ya sabemos de sobra que cuando lo humano penetra y absorve lo que de partida es puramente científico, lo despoja de toda lógica, insuflándole esa subjetividad propia de los seres pensantes, sí, pero también emocionales, volubles, pasionales o egoístas.

Los partidos de izquierda, los sindicatos o los movimientos sociales que los circundan, conciben la clase precisamente así, como un grupo social. De esta forma, una persona de “izquierdas” no duda en catalogar a un albañil mileurista como obrero, como proletario o clase trabajadora, en atención a las características de su actividad laboral. Sin embargo, la persona que hace ese “arriegado” ejercicio de clasificación, no se ha detenido a preguntarle a ese sujeto-albañil si él mismo se considera o quiere considerarse como tal.

Lo que quiero decir es que, si cambiamos la manera de concebir la clase, de la herramienta de análisis a un conjunto de subjetividades, hay que contar, a la fuerza, con cada una de ellas para que den su consentimiento a la hora de dejarse englobar, etiquetar o definir de tal manera. El elemento volitivo, en tanto que hablamos de personas, no es menos importante que el salario, la relación laboral o la propiedad de los medios de producción, de hecho, es incluso más importante.

De este modo, podemos empezar a comprender por qué los partidos que en su programa detallan listas de medidas, derechos y garantías para esa clase, no terminan de contar con todas las personas que, a priori, encajarían en ese perfil. Gente que, racionalmente, votaría sin dudar por esa candidatura.

Es cierto que el efecto creador de conciencias y opiniones de los mass media, el biopoder o el anacronismo del lenguaje que suelen utilizar estas fuerzas políticas, tienen su parte de “culpa” en esta deformación de la lógica política (si es que eso existe…). Pero no hacen más que agravar o poner más de manifiesto la disfunción principal que supone el punto de partida, el sentirse parte de una determinada clase social.

A los pocos meses de estallar el fenómeno 15M en España, sucesivas encuestas otorgaban porcentajes de apoyo a las propuestas del Movimiento que cualquier partido (incluyendo los mayoritarios) soñaría con tener, subiendo incluso por encima del 70%.

En seguida, partidos y movimientos sociales de izquierda se precipitaron a reclamar como suyas dichas medidas, a recordarnos que ellos ya las preconizaban antes de que el 15M apareciese, y no es que les falte razón, pero se olvidan de que esas demandas se presentaban por sí mismas, sin estar rodeadas por el halo identitario cultural de símbolos y lenguajes históricos, de líderes pasados o de sistemas políticos añejos. Eran medidas, reivindicaciones, objetivos, puro contenido social, económico o político, por sí mismo. Era un mensaje.

Y como el emisor del mismo no era reconocible o catalogable dentro de los marcos categoriales ideológicos históricos, los potenciales receptores de ese mensaje se centraban sólo en el mismo, adhiriéndose a él, constituyendo, sin saberlo, un grupo social que encaja en el primario papel de la clase, el de herramienta de análisis.

En una época en la que el deseo, el querer o las ansias de autonomía y libertad son verdaderos motores de la acción política y social, prescindir del elemento volitivo, del marketing social, del efecto atrayente del lenguaje es un craso error. El ser humano avanza hacia un nuevo estadio, el Homo Ludens, y se redefinen, a la fuerza, conceptos centenarios, actualizándose a los tiempos que corren. Así, la clase social ya no es un conjunto de personas a las que poder encajar, sin su consentimiento, en unos parámetros, sino que pasa a ser un conjunto de gente que, voluntariamente, son capaces de adherirse y hacer suyo un mensaje.