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En Economía, se llaman barreras de entrada a los obstáculos con los que se encuentra una empresa para entrar en un mercado. Estos límites reflejan el nivel de competitividad y, si son muchos o muy fuertes, generan la existencia de monopolios.
Las barreras de entrada pueden ser naturales (como el elevado coste de extracción de un combustible fósil, tan sólo al alcance de grandes empresas) o artificiales (como las patentes). Es común que se den ambas, sobre todo que, a raíz de una barrera natural, aquélla entidad que inicia una explotación vaya estableciendo otras barreras para que las demás no puedan llegar nunca a ser competidoras. Jugaría esta empresa con un poder de mercado que le permite estar siempre en ventaja, diseñando las reglas y condiciones de ese juego, desde arriba.
Algo similar pasa en el diseño institucional de la participación ciudadana en política. A raíz de una barrera natural, la imposibilidad de introducir en un parlamento a millones de personas, se establece un monopolio de la acción política en manos de entes llamados partidos, que la ejercen mediante representación y que, una vez dentro del juego, reforman la legislación para mantener esa posición de poder.
Aunque de manera formal, en nuestro ordenamiento jurídico se establecen vías de participación directa de la ciudadanía en política, sobre todo en la Constitución, pese a que su posterior desarrollo legislativo prácticamente las inutiliza, estableciendo insalvables barreras. Es el caso del referendum, congelado desde la reforma efectuada para neutralizar el llamado Plan Ibarretxe. También sucede con el derecho fundamental a ser elegido, obstaculizado por barreras como los avales que se exigen a partidos o listas de electores de nueva creación. Por supuesto, esto también ocurre con las Iniciativas Legislativas Populares, muy de actualidad por la reciente presentación de la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que, a pesar de haber recabado la friolera de un millón y medio de firmas, ha sido vilipendiada y denostada por el partido en el gobierno.
Las Iniciativas Legislativas Populares no sólo tienen como barreras de entrada las firmas (500.000 para ser admitidas a estudio por la Comisión Parlamentaria correspondiente), además, se limitan las materias sobre las que pueden versar, de las que se descuentan prácticamente las más importantes, al mismo tiempo que se establece la votación parlamentaria como último escollo para su aprobación y puesta en práctica. En resumidas cuentas, una ILP no puede ser aprobada si no cuenta con el beneplácito del partido o los partidos en el gobierno, aunque recoja millones de firmas y un respaldo popular ostensible y mayoritario.
Esa barrera física, natural, a la que hacía referencia antes y que motivó la proliferación de las llamadas democracias representativas, ya no existe. El desarrollo tecnológico permitiría sin problemas la participación directa de todas las personas, tanto en la vertiente propositiva de leyes como en su aprobación directa, haciendo real el enunciado del artículo 1.2 de la Constitución, que consagra al pueblo como titular único y último de la Soberanía Nacional , de la que emanan los Poderes del Estado.
Pero el monopolio que han configurado los partidos se sigue perpetuando e imponiendo, a través de las sucesivas barreras a la entrada, al efectivo ejercicio por parte del pueblo de esa Soberanía. Baste decir que las dos leyes fundamentales en el proceso electoral, la Ley de Partidos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, han sido reformadas una veintena de veces desde su creación, rara vez para facilitar la participación.
El monopolio de la acción política institucional ha provocado una anomalía irritante de la lógica jurídica de la representación. En derecho, el mandato (también el político) se compone de dos partes: el mandante, que encarga un trabajo o servicio al mandatario, que debe realizarlo en los términos previstos en el contrato por el que se vinculan. Cuando en televisión escuchamos hablar de tal o cual mandatario, tenemos la sensación de que es una persona con poder, que manda, pero ese error es consecuencia de este monopolio, no de su configuración jurídica. Los mandatarios (cargos electos) deben someterse a los mandantes (electores) en los términos del contrato por el que se vinculan (legislación más programa electoral).
Pero el mandato representativo ha dejado de tener el sentido por el que se creó. Ha pasado a ser la excusa formal para el ejercicio del poder y la supremacía de aquéllos que detentan la Soberanía en beneficio propio, ignorando las obligaciones del contrato que asumen como representantes de los ciudadanos de un estado.
De poco sirven maniobras de cara a la galería como la admisión a trámite parlamentario de la mencionada ILP de la PAH, o la ocurrencia del Escaño 110 en Andalucía si, al final, la última palabra sigue correspondiendo al monopolio partidista.
En contrapartida, como solución a esta patología democrática, debemos exigir la reforma de las Iniciativas Legislativas Populares, en el marco del necesario nuevo proceso constituyente, para que no supongan sólo la iniciativa, sino que puedan llegar a ser verdaderas Acciones Legislativas.
No es descabellado idear un sistema mediante el cual las personas puedan colaborar en red en la redacción de textos legales y que, en función de un método de corrección y votación universal, estas propuestas puedan ser aprobadas y puestas en marcha sin el preceptivo visto bueno de los monopolistas.
La revolución en las comunicaciones ya permite tanto la redacción como la aprobación de leyes, haciendo desaparecer las originarias barreras de entrada naturales al ejercicio de la acción política directa, desintermediada. Sería además ridículo argumentar que es necesaria una especial cualificación, sólo personificada en los diputados y en los partidos, habida cuenta de que ninguna de las leyes que vienen aprobando en los últimos años está dando los resultados prometidos. Es más, los proyectos de ley que se elaboran y aprueban en el monopolio legislativo actual distan mucho de tener el análisis, el estudio o el rigor científico debido, que se podría y debería alcanzar desde y por la colaboración directa de toda la sociedad.
Más participación es más democracia. Sí se puede, pero no quieren.
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